Representantes de las iglesias católica y evangélica, ONG por los derechos humanos, abogados, universitarios y sociedad civil se concentraron ayer, en el rectorado de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), para dirigirse en marcha hasta la sede del Ministerio Público, en la avenida Lara, a propósito de entregar un oficio con el cual exigieron plena libertad de las personas detenidas por manifestaciones públicas y sanciones a los responsables de las muertes en la cárcel de Uribana.
Es de recordar que en Lara permanecen detenidas nueve personas por manifestar públicamente su desacuerdo con la conducción del país. Ocho son estudiantes que se encuentran en los calabozos de Polilara y una es la señora María Elena Uzcátegui, de 56 años de edad y con problemas de salud.
Se suman los cinco jóvenes bajo arresto domiciliario (207 días), quienes esperan juicio.
A este pronunciamiento se sumó monseñor Antonio José López Castillo, quien se confesó preocupado por las detenciones de disidentes al gobierno y los arrestos domiciliarios.
Instó a la población a valorar y apoyar el trabajo de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos y apuntó que la Iglesia no puede “estar del lado de la injusticia, la mentira y humillación”.
A este propósito se unió Douglas Morillo, padre de uno de los jóvenes con arresto domiciliario y pastor evangélico. Pidió misericordia para los acusados y sus familiares.
Solicitaron que aceleren los procesos a fin de que estas personas “no pasen su Navidad entre rejas”, sino junto a sus familiares, pues la Navidad es tiempo de unión y reconciliación.
Justicia sin violaciones
Pedro Troconis, miembro del Foro Penal Venezolano y abogado defensor de Uzcátegui y los detenidos en los calabozos de Polilara, refirió que la indebida criminalización de la protesta ha generado irregularidades en el sistema de administración de justicia.
En este sentido, indicó que la semana pasada se difirió la audiencia de los jóvenes detenidos en Polilara, por coincidir con los actos protocolares del Ministerio Público. Lo calificó como una violación flagrante a la justicia.
Agregó que la audiencia de Uzcátegui también fue diferida por actos de condecoración de funcionarios del Ministerio Público. Quedó para el 26 de diciembre.
Advirtió que si bien el Código Orgánico Procesal Penal reseña que la justicia penal no tiene receso, es costumbre que luego del 22 de diciembre y hasta el 3 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia conceda descanso a los jueces penales.
“La juez de control cree que nos vio la cara de tontos, difiriéndola para esa fecha. Pedimos revisen las medidas de los casos, porque sabemos que probablemente no se den este diciembre, salvo que medie una orden distinta a las máximas experiencias que ya conocemos”.
Tienen la alternativa de una revisión de medida para luego continuar con el proceso, refirió. “Pero han negado justicia, han callado y no han emitido un pronunciamiento, a pesar incluso del estado de salud de la señora Uzcátegui, y eso está penado por el Código Penal”.
Igualmente refirió que la Corte de Apelaciones de Lara tiene más de 60 días con peticiones, y aún no han emitido pronunciamiento.
Negó la posibilidad que los jóvenes detenidos en Polilara sean trasladados a Uribana. Hasta el momento desconocen esta intención, pero estarán alertas.
Arresto domiciliario
Por su parte, Ismael Mata comentó que esperan fecha para el enjuiciamiento de los jóvenes con arresto domiciliario.
Sin embargo, se aferra a una certeza: en el expediente no se hallarán pruebas de culpabilidad contra los estudiantes.
Exigencias hechas
En el documento presentado al Ministerio Público, exigen: plena libertad de las personas detenidas por ejercer su derecho a la manifestación y medida de gracia en tiempo de Navidad; una exhaustiva y objetiva investigación de los hechos ocurridos en el Centro Penitenciario David Viloria; intervención del penal y conformación de una comisión integrada por representantes de las iglesias católica y evangélica, universidades y Colegio de Abogados, a fin de definir parámetros de dirección y gestión en el lugar; presentación de un informe en el cual se establezcan las verdaderas responsabilidades en los hechos acaecidos; cese de los maltratos, torturas y castigos a los internos y permiso del Estado Venezolano para la visita del Comité Contra la Tortura de la ONU.
