Mientras los vecinos del sector La Ribera o 13 de Abril, afectados por los deslizamientos de tierra que destruyeron sus casas, esperan por soluciones concretas, el Consejo Legislativo sigue sin aprobar los recursos necesarios para acometer las obras requeridas para recuperar la avenida Uruguay.
Este jueves, las familias damnificadas se dedicaban a terminar de demoler las viviendas averiadas, mientras el resto de los habitantes del sector continúan temerosos de que, si llueve fuerte, el cerro continúe deslizándose hacia aquellas que aún no son afectadas.
De acuerdo a algunos vecinos, los derrumbes que se han producido hasta ahora son originados por aguas servidas procedentes de la parte alta de la avenida, debido a que las viejas tuberías por las que circulaban están dañadas, con enormes filtraciones.
Funcionarios de Protección Civil y de la Policía de Lara permanecen en el lugar, atentos a cualquier nueva emergencia que se presente, así como resguardar lo que las familias damnificadas pudieron salvar de entre el barro.
En declaraciones a los medios de comunicación, el diputado Johnny Colmenares dijo el martes que en el parlamento regional no se había recibido un informe concreto del Colegio de Ingeniero sobre el caso, responsabilizó al gobernador por lo ocurrido y señaló a Sergio Borgel de ser complaciente con el mandatario regional.
Este jueves, el presidente de la comisión de Infraestructura del CIEL rechazó esas declaraciones señalando que “en el parlamento regional existe un sesgo político para detener la asignación de recursos para salvar la avenida”.
Aclaró que hace tres meses el organismo profesional hizo entrega al diputado Orlando Miranda el informe elaborado, científicamente, por una comisión integrada por los reconocidos ingenieros Wilmer Barreto, Luis Andrade y Néstor Méndez, con una serie de recomendaciones para que se aprueben los recursos y sean debatidos en el Consejo Estadal de Planificación de Políticas Públicas.
Entre las recomendaciones está, “inyectar un mortero de cemento en los sustratos de los suelos que están sobrehidratados para solidificarlos y evitar siga hundiéndose la avenida en el tramo más crítico como es la intersección de la Vargas con la Uruguay; construir un muro de contención aguas abajo de la avenida y así evitar siga hundiéndose, y controlar los sistemas de drenajes del entorno urbano informal, que son insuficientes, para poder captar las aguas de lluvia y evitar sigan perforándola, así como saneamiento de todo el entorno”.
También se plantea que el CLEL nombre un ingeniero como su representante, que pueda elevar el nivel del tema hacia lo técnico y no al político, como ocurre.
“El Colegio de Ingenieros no es un partido político; somos una institución de respeto a la que no se puede involucrar en politiquería”, enfatizó Borgel, indicando que es necesario dejar a un lado el discurso político y buscar soluciones al grave problema que confrontan las familias allí residentes.
