Con la recolección de poco más de un 1.800.000 firmas en un par de días, la oposición echó a andar el proceso electoral dirigido a revocar el mandato de Nicolás Maduro. Sin embargo, los venezolanos no somos nuevos en esto de poner fin al gobierno por vía de un referendo revocatorio. La primera experiencia en el ejercicio de este derecho consagrado en la Constitución de 1999 acaeció hace más de diez años, concretamente el 15 de agosto del año 2004, cuando la oposición activó el mecanismo contra el Presidente Chávez.
Gracias a la mediación de la OEA y el Centro Carter, Chávez aceptó realizar la consulta, pero la misma se materializó más de ocho meses después de la recolección de las firmas, luego de la continua aplicación de normas sobrevenidas por parte del CNE, que sirvieron para invalidar más de 900.000 firmas. Las continuas dilaciones del organismo electoral le permitieron al Presidente superar la matriz de opinión negativa con la creación de las “misiones sociales”, y ganar el referendo.
El Centro Carter además de mediador, estuvo como observador electoral en la consulta. En su informe sobre los comicios destacó que a pesar de que el resultado reflejaba la voluntad popular hubo “irregularidades, demoras, politización e intimidación expresa al electorado”.
Más allá de la victoria obtenida por el Presidente, el referendo dejó intactas las diferencias entre los venezolanos, y la polarización política se agudizó. El gobierno se enrumbó hacia la radicalización con el “Socialismo del siglo XXI”, y la oposición perdió el norte y se rehusó a participar en las elecciones parlamentarias de 2005.
Once años después el país se encuentra de nuevo en la encrucijada del referendo revocatorio. Esta vez la situación es peor: la economía, la producción nacional y el salario están destruidos por el modelo socialista, y en el plano político el país se hunde en la anarquía y el desorden, porque las instituciones desaparecieron y el Estado dejó a su suerte a los ciudadanos. El país está en ruinas, y, ante este panorama desolador, el gobierno está decidido a no medirse en las urnas. No obstante, y como podría pensarse en un primer momento, la vía electoral no está cerrada. La oposición por primera vez tiene una clara mayoría, y debe valerse de ella para empujar el proceso y hacer inevitable la realización del referendo, a través de una estrategia de presión popular bien calculada que obligue a las instituciones a cumplir con su trabajo.
Si, por el contrario, la MUD se concentra sólo en esperar el cumplimiento de los mecanismos jurídicos e institucionales, el referendo no se realizará ni este año ni el próximo. Apostar por esta opción conduciría a la pérdida del capital político que ha logrado con sumo esfuerzo.
Es responsabilidad de los líderes políticos explicar a la población que este no es un tema de los partidos o de la MUD: es un tema del ejercicio de los derechos políticos consagrados en la Constitución. Tampoco es un tema sometido a la discrecionalidad del gobierno. Si el CNE se ha decantado por defender los derechos humanos del Presidente, toca a la MUD trabajar para que la gente se involucre en la defensa de su derecho.
Es necesario considerar también el escenario de que el referendo se lleve a cabo el próximo año, caso en el cual no habrá elección presidencial porque el Vicepresidente ejecutivo asumiría el poder. Bajo esta circunstancia, si una mayoría abrumadora revoca a Maduro como lo muestran las encuestas, necesariamente el Vicepresidente se convertiría en un Presidente de transición, porque la legitimidad del proyecto chavista estaría seriamente comprometida, y de seguro se profundizarían las divisiones dentro del oficialismo, entre los radicales y los que piden rectificación.
Un referendo en 2017 permitiría a la oposición organizar primarias, unificar esfuerzos y otorgar un piso político importante al candidato presidencial que enfrentaría a un chavismo moralmente disminuido y en retroceso, situación que incluso facilitaría una eventual negociación con la oposición.
La alternativa democrática haría bien en aprender del fallido revocatorio del 2004. Un referendo celebrado 2017 no es el fin del mundo, será una oportunidad para reunificarnos como sociedad, y que el gobierno que surja luego de la salida de Maduro, sea el producto de un gran acuerdo nacional.
