Una avalancha de críticas de la comunidad internacional se desató este jueves contra el gobierno de Nicolás Maduro tras la decisión del Tribunal Supremo de asumir las competencias del Legislativo, lo que fue calificado como un «golpe de Estado» por la oposición venezolana.
«En Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado», denunció el presidente de la Asamblea, Julio Borges, quien rasgó ante las cámaras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), calificándolo de «basura».
Estados Unidos, la Unión Europea, Luis Almagro, secretario general de la OEA, y varios países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina y México) denunciaron la decisión de la Sala Constitucional del TSJ, al que la oposición acusa de servir al gobierno de Maduro, de asumir las funciones del Parlamento.
Borges instó a la Fuerza Armada a no «seguir callada frente a la ruptura de la Constitución».
«Sabemos que la inmensa mayoría de los oficiales (…) están en contra del caos que sucede en Venezuela», sostuvo el diputado, y anunció que la cámara «desconoce» a la corte.
Maduro habló brevemente en la televisión gubernamental en un acto en que condecoró a diplomáticos, sin pronunciarse sobre la situación.
La oposición anunció protestas a partir del sábado, mientras un grupo de diputados protagonizó una refriega con militares frente al tribunal.
Golpe diplomático
Tras la medida, Almagro, un fuerte crítico del gobierno venezolano, denunció un «autogolpe» en el país. Para Estados Unidos, enemigo sempiterno de la revolución bolivariana, estamos ante una «ruptura de las normas democráticas».
Y varios países latinoamericanos repudiaron la sentencia del TSJ. Uno de los primeros en protestar fue Perú al retirar a su embajador en Caracas denunciando, al igual que Brasil, una «ruptura del orden constitucional».
El pasado martes, el TSJ ya había asestado un golpe a la Asamblea, al retirar la inmunidad de los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.
Esa decisión coincidió con una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para debatir la grave crisis política y económica del país petrolero. La cita culminó sin acuerdos.
El TSJ declaró en desacato al Legislativo en enero de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude.
Tras ello, anuló todas las decisiones del Parlamento y ya había asumido algunas de sus competencias.
Por esa razón Diosdado Cabello, defendió la medida del Tribunal Supremo. «No podemos estar con la Asamblea Nacional ausente porque ellos quieran», explicó.
«Modelo autoritario»
Los analistas advierten sobre un «autogolpe» o un avance hacia un «modelo autoritario».
«Esto es parte de un golpe que se ha ido gestando con varias medidas que fueron cerrando todas las puertas a la oposición para que cumpla el papel para el que fue elegida» en el Congreso, señaló Paul Hare, de la Universidad de Boston y exdiplomático británico en Venezuela.
«Es difícil llamar esta decisión de otra forma que no sea un autogolpe», comentó a la AFP Michael Shifter, el presidente de Diálogo Interamericano, quien comparó el caso con la decisión del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) de disolver el Congreso en 1992.
Una semana antes de la reunión de la OEA en Washington, el bloque opositor aprobó un acuerdo en el que pidió al organismo aplicar la Carta Democrática Interamericana, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que Maduro calificó como «traición a la patria», delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.
La sentencia mediante la cual el TSJ adopta las funciones del Parlamento también tiene trasfondo económico. Se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero.
Según la Constitución, el gobierno no puede firmar contratos de interés público «sin la aprobación de la Asamblea Nacional».
Pero al declarar «omisión legislativa», la corte indicó que no existe «impedimento alguno».
Esta cuestión resulta clave para el gobierno, que busca financiamiento para paliar un déficit fiscal que el Banco Mundial estimó en 11,5% del PIB en 2016.
Maduro también intenta atraer inversión extranjera para los sectores petrolero y minero, y enfrentar así la grave crisis económica, reflejada en escasez de todo tipo de bienes básicos y la inflación más alta del mundo, proyectada en 1.660% por el FMI para 2017.
Las elecciones presidenciales están pautadas para diciembre de 2018, mientras que las regionales debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral las pospuso para 2017 y aún no fija fecha.
