Por haber denunciado la dolosa administración de la Ferrominera estatal, el director del Correo del Caroní, David Natera Febres, ha sido objeto de una contrademanda y recibió una condena de cuatro años de prisión, violando así los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República, donde se establece el derecho a expresarse libremente a través de los medios de comunicación sin que pueda ser censurado.
De esta manera se expresó el Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público (RTSP), mediante un comunicado, denunciando que dicha sentencia por difamación e injuria se suma a al menos 25 procedimientos judiciales contra de medios y periodistas.
“El Gobierno de la hegemonía comunicacional y su cómplice poder judicial dejan establecido un infausto precedente más, ya que otros medios impresos y electrónicos andan igualmente sometidos a juicio por difamación e injuria tras haber reproducido en sus columnas una información internacional de interés local”, suscribió el presidente de la organización, Antonio Pasquali.
En este sentido, denuncia la grave opresión por parte del Gobierno venezolano de silenciar a los medios que se atreven a denunciar lo que sucede en las empresas del Estado y solicita el cese de la persecución, de carácter ilegal y prepotente que atenta contra la libertad de informar y comunicar.
De igual forma, el comité que es parte de la Alianza por la Libertad de Expresión, exhorta a la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional a procurar que se cumplan los estándares legales sobre los derechos humanos; así como sugiere que se revisen las modificaciones al Código Penal vigente, hechas por el Ejecutivo nacional.
“Se trata de imputaciones tan discrecionales que terminan volviendo intangible al funcionario público y sólo se aplican para cercenar el derecho de mirada y la libertad de expresión de la disidencia, cuando una justicia imparcial debiera más bien aplicarlas al libertinaje comunicacional de voceros, altos y altísimos funcionarios públicos que a través de los medios insultan, denuncian sin pruebas ni límites, emplean abiertamente el espionaje ilegal e incitan al odio contra sus opositores políticos”, concluye la declaración.
