Que declare la ilegitimidad, y por lo tanto la nulidad de todos los actos que dicte la Asamblea Nacional a partir del 6 de enero, solicitó la bancada oficialista del órgano Legislativo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
El gobierno cree que debe ser la consecuencia del presunto desacato por parte de éste a la sentencia de la Sala Electoral que pretende suspender la proclamación de los cuatro diputados electos por el estado Amazonas.
«Si el Poder Legislativo Nacional está en desacato, se coloca al margen de la Constitución, desconoce al Poder Ciudadano, desconoce al poder Judicial, dice que al Jefe del Ejecutivo le quedan seis meses, aquí lo que aplica es el principio de reciprocidad, y el resto de los poderes tendrán que desconocer a la AN y está quedaría inhabilitada (…) todas las acciones tanto legislativas como de control político están viciadas de nulidad absoluta», manifestó el diputado Pedro Carreño (PSUV).
Sanciones por desacato
De acuerdo con lo expuesto, un documento consignado ante la Sala Constitucional contiene 7 petitorios. El primero, que se declare la nulidad por razones de inconstitucionalidad de la juramentación de los diputados Nirma Guarulla, Julio Igarza y Rommel Guzamana, quienes «no cumplen con los extremos legales para ostentar la condición de parlamentarios por lo tanto no gozan de la inmunidad parlamentaria».
«En ese sentido, su presentación ante el parlamento para juramentarse constituye flagrantemente el desacato a la sentencia 260 de la Sala Electoral, por lo tanto solicitamos las respectivas sanciones», agrega.
El siguiente punto solicita que se declare la nulidad de cualquier decisión tomada por la Asamblea Nacional «tanto en el ámbito legislativo como de control político», que se apruebe mientras dichos diputados no se desincorporen. Además, solicitan a la Sala que ordene a los órganos administrativos de la Asamblea Nacional que se abstengan de incorporar en la nómina de pago a los señalados, «so pena de incurrir en el desacato», y, finalmente, que se ordene al Ejecutivo nacional la prohibición de publicar en Gaceta Oficial cualquier acto que apruebe la Asamblea Nacional mientras los cuestionados esten incorporados.
Impugnan revisión de magistrados
Por otro lado, la bancada oficialista consignó otros dos documentos ante la Sala Político-Administrativa del TSJ, uno de ellos un recurso de interpretación del artículo 94 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
El segundo recurso pide la nulidad del acuerdo parlamentario tomado en la sesión del 6 de enero, para revisar el acto dictado por la misma Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015, que nombró a 13 magistrados del TSJ.
Según Carreño, la directiva de la nueva AN «se subrogó tal facultad, de manera fraudulenta, usurpando facultades del Poder Ciudadano».
«En el texto de la Ley Orgánica del TSJ no aparece la figura de revisión, sino la de remoción, y si bien es cierto la Asamblea Nacional los remueve (a los magistrados), hay 17 causales de falta grave que debe ser calificada por el Poder Moral; es decir, que al ellos revisar la actuación de los magistrados del TSJ también soslayan facultades del Poder Moral», manifestó el diputado.
Vale destacar, la bancada opositora del Parlamento no ha planteado acometer la destitución de los magistrados designados, sino anular el acto que los nombró por vicios en el procedimiento.
«Golpe de Estado»
Pese a que la pretensión del gobierno nacional conlleva el desconocimiento de la representación popular que eligió a un 67% de diputados opositores, según el discurso oficial es este sector el que ejecuta «un libreto de golpe de Estado que esta en ciernes», al «desconocer la autoridad del Poder Judicial».
El artículo 5 de la Constitución nacional señala taxativamente: «La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la Ley, e indirectamente mediante el sufragio».
Mientras el Poder Legislativo es la expresión directa del sufragio popular, al Poder Judicial lo elige el Poder Legislativo. En el caso particular del actual Tribunal Supremo de Justicia, 27 de sus 32 magistrados fueron nombrados por la mayoría oficialista que controló la Asamblea Nacional hasta el 4 de enero pasado.
