Disciplinada y firme de carácter, la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, a quien el máximo tribunal autorizó enjuiciar, es una veterana chavista que encabezó controvertidas acusaciones contra la oposición y hoy es la más dura adversaria del presidente Nicolás Maduro.
En casi tres meses, esta abogada de 59 años, acusada de presuntas «faltas graves» en el cargo, ha denunciado la «ruptura del orden constitucional» y cuestionado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que al autorizar la apertura del juicio allanó el camino para su destitución .
Rubia y de ojos claros que siempre usa gafas, Ortega también enfiló sus críticas contra el poder electoral y los militares, considerados pilares del gobierno de Maduro junto al TSJ.
Más aún, ha confrontado directamente a Maduro, al rechazar tajantemente la Asamblea Constituyente que propone para modificar la Carta Magna de 1999, impulsada por el expresidente Hugo Chávez (fallecido en 2013), al considerar que violenta la democracia.
El diputado chavista Germán Ferrer, con quien se casó hace 18 años, la describe como «una persona con mucho temple, valiente y honesta».
«Enfrentaría cualquier cosa por defender sus valores. Ella es la garante de la legalidad en el país, está cumpliendo con su deber», comentó a la AFP.
La reacción del oficialismo a la rebelión de Ortega ha sido tal que el diputado Pedro Carreño pidió al TSJ, además del juicio, destituirla por «insanía mental», congelar sus bienes y prohibirle salir del país.
El divorcio
Según Ferrer, su esposa empezó a desencantarse del gobierno desde 2016 por estar en desacuerdo con algunas detenciones de opositores.
Ese distanciamiento salió a la luz cuando el TSJ emitió a fines de marzo un fallo en el que se adjudicó las funciones del Parlamento, de mayoría opositora, lo que Ortega calificó, en una sorpresiva declaración, como una «ruptura del orden constitucional».
Desde entonces, la grieta se ensanchó: Ortega ha pedido anular la Constituyente, enjuiciar a magistrados del TSJ y también ha criticado la «represión» de los cuerpos de seguridad contra las protestas que desde el 1 de abril exigen la salida de Maduro, y dejan 74 muertos.
Aunque sus acciones legales han sido desestimadas, ha ido ganando apoyos en el chavismo crítico al gobierno y en la oposición.
Tildada de «traidora» por el oficialismo, la funcionaria, a quien Maduro llama «líder de la oposición», siempre ha sido de izquierda. Fue cercana a Chávez desde su campaña presidencial en 1998, cuando trabajaba como abogada en el estado Aragua (norte), y en 2002 fue nombrada fiscal por Caracas.
Con el aval de Chávez, asumió como fiscal general en 2007 para un periodo de siete años y en 2014 fue reelecta por el Parlamento, entonces controlado por el chavismo.
Aunque su gestión concluye en 2021, funcionarios de gobierno ya le pusieron fecha a su destitución: el 30 de julio, cuando se elegirá la Asamblea Constituyente, un «suprapoder» que estará controlado por el oficialismo, pues la oposición no participará.
«Sagaz y con olfato político»
Ortega es recordada por imputar a los policías que la justicia condenó por el golpe de Estado a Chávez en 2002, pero también por impulsar la condena a casi 14 años de prisión que cumple el líder opositor Leopoldo López desde 2014, acusado de incitar a la violencia en protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado de López, la definió como «una mujer afable y respetuosa», si bien cree que «en el caso de Leopoldo la Fiscalía actúo de forma muy irregular».
El politólogo Nicmer Evans, chavista crítico de Maduro, considera que el papel de la fiscal será esencial para «reinstitucionalizar el país».
«Representa al chavismo digno, democrático, frente a las pretensiones totalitarias del madurismo», subrayó.
Analistas como Félix Seijas consideran que puede convertirse en un «puente» entre el chavismo crítico y la oposición.
Un periodista de la fuente judicial que la conoce desde hace 10 años asegura que Ortega «es muy sagaz y tiene gran olfato político».
Viste con elegancia y cuida mucho su salud. «Come muy sano, poca carne y le gusta caminar», añadió el periodista. Antes se la veía pasear temprano, los fines de semana, por el bulevar de Los Próceres en Caracas, o subiendo el cerro del Ávila, en el este de la ciudad.
No tiene hijos, pero ha denunciado amenazas contra familiares y responsabilizó al gobierno por lo que les pueda ocurrir.
«Hasta mi último aliento defenderé la Constitución», prometió el lunes en un discurso con acento político, ante empleados de la Fiscalía que salieron a la calle a respaldarla.
