Un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax producto del disparo de una bomba lacrimógena, fue el resultado que arrojó la investigación del Ministerio Público en el caso de Juan Pablo Pernalete, un estudiante asesinado el pasado 26 de abril en Altamira, Caracas, en el marco de las protestas.
En declaraciones públicas, la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que un Guardia Nacional disparó un objeto cilíndrico “y pesado” por cuanto desmiente la versión del ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, quien indicó que el joven habría sido asesinado con una pistola de perno cautivo.
Aunque la titular maneja el grupo de funcionarios que estaban en el momento, aún no ha precisado la responsabilidad individual.
“Entre las instrucciones de estas sustancias está la prohibición de disparar directamente a la persona, esto es letal. Los estándares internacionales también lo prohíben. Es muy pesado y saliendo con esa fuerza, es capaz de producir la muerte”, apuntó al tiempo que hacía un llamado a los efectivos de mando de los cuerpos de seguridad para que constaten la preparación, competencia y actitud mental y física de los funcionarios que participan durante estas manifestaciones. “Si las personas no están ejerciendo violencia, debe evitarse el uso de la fuerza”, añadió.
Igualmente, Ortega Díaz destacó que el Estado debe garantizar el adecuado entrenamiento y el debido descanso a fin de eludir acciones no apegadas a los derechos fundamentales. En este punto mencionó que mil personas han resultado lesionadas, y más de la mitad ha sido por causa de la actuación de los cuerpos de seguridad.
Aunque la Fiscal habría asomado la existencia de grupos armados que actúan en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos, este miércoles reconoció la presencia de estas personas denominadas por la oposición como “paramilitares”, quienes amedrentan y agreden a los quienes acuden a la manifestación pacífica como forma de expresión. “Es necesario el desarme de la población”, sugirió.
Adelantó que el MP lleva 16 investigaciones al respecto y además maneja denuncias sobre la participación de militares en el desvalijamiento de comercios.
De manera oficial, se registran 55 fallecidos: 52 civiles y 3 funcionarios; mil lesionados: 771 civiles y 229 funcionarios; 346 bienes quemados o saqueados; 1475 investigaciones: 1329 por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad; 284 privados de libertad por delitos comunes de los 2664 que fueron imputados.
Hasta el momento, 19 efectivos han sido acusados por homicidio, trato cruel e inhumano, uso indebido de arma orgánica, privación ilegítima de libertad o violación de domicilio, y aún restan 18 órdenes de captura por ejecutar, en su mayoría por el caso de Tony Gruseny Canelón, quien fue asesinado en el estado Lara por un disparo a quemarropa de perdigones, efectuado por guardias nacionales.
Pugnacidad
La titular de la acción penal, expresó que en Venezuela reina un clima de pugnacidad y lucha de poder entre unas fuerzas políticas que “parecieran” haber olvidado los padecimientos de la población. Señaló que la confrontación no se resuelve privando de libertad sino reconociendo que existe un problema.
“No todos las personas que son aprehendidas son responsables. La liberación de quienes han sido detenidos ilegalmente constituye un triunfo del estado de derecho (…) No es momento de instrumentalizar la muerte por razones políticas, por la actuación de grupos delincuenciales o por el uso excesivo de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado.
El descontento social es producto de la severa crisis económica que ocasiona el desabastecimiento de medicamentos, alimentos y la inseguridad que hay”, enfatizó.
Justicia militar
En la parte final de su declaración, informó que han solicitado la declinatoria de la competencia a la justicia ordinaria de dos casos (Zulia y Nueva Esparta) que cursan en justicia militar.
Además, se dirigió una comunicación a la Fiscalía Militar con el propósito de que ofrezca parte sobre el número de procesos y detenidos que llevan en esa jurisdicción.
“Queremos verificar el estado de salud y el estado de detención de estas personas. Las actuaciones son contrarias a los mandatos que emanan de la Constitución porque se viola el principio del juez natural. Llevamos 7 investigaciones por el uso de la justicia militar por casos que corresponden a la ordinaria”, puntualizó.
Gobierno acusa a Fiscalía
“Esta espiral de violencia ha generado un clima de impunidad, propiciado al mismo tiempo por el Ministerio Público, que con su inacción no ha garantizado la correcta aplicación de la justicia”, dijo el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol.
De este modo se profundiza la fisura abierta por la fiscal en filas del oficialismo, tras denunciar una ruptura constitucional por decisiones de la máxima corte contra el Parlamento.
“El gobierno reivindica la actuación de los diferentes cuerpos de policía, de seguridad, y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su estricto apego a la Constitución y las leyes”, expresó Reverol.
El ministro reiteró su denuncia sobre la existencia de “bandas delincuenciales que atacan instalaciones militares”, a las que vincula con partidos opositores. También acusó a la Fiscalía de favorecer a implicados en delitos, al pedir a los jueces su libertad.
Por su parte, la canciller de la República, Delcy Eloína Rodríguez, afirmó que “nada ni nadie podrá detener la verdad sobre los delitos de odios cometidos por los factores políticos opositores”.
