La comisión de la Asamblea Nacional que estudió la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, presentará este martes su informe definitivo ante la plenaria, en el que se exigirá revocar la decisión que nombró a los funcionarios, a causa de 17 irregularidades en el proceso de selección. Así lo dio a conocer el portal web de El Nacional.
Según el documento, una de esas irregularidades consistió en que, tras la renuncia del parlamentario Elvis Amoroso a la presidencia del Comité de Postulaciones Judiciales, la instancia no estuvo presidida por un diputado, como exige su reglamento, sino por un miembro de la sociedad civil: Ramón Carlos Javier Gámez Román. Amoroso debió ser sustituido por un diputado seleccionado en la plenaria.
El irrespeto de los lapsos es otra violación al procedimiento. La recepción de postulaciones de candidatos a magistrados no debe ser mayor a 30 días continuos; sin embargo, el 22 de octubre de 2015 se abrió el proceso indefinidamente.
Tampoco se respetaron los tiempos de las impugnaciones, que son de 15 días continuos desde la publicación de la lista de postulados, y debían culminar el 23 de diciembre. No obstante, el 14 de diciembre el comité había enviado la lista de preseleccionados al Poder Ciudadano.
El presidente de la comisión parlamentaria que evaluó el proceso, Carlos Berrizbeitia, afirmó que en el baremo para la selección de los candidatos a magistrados no se escogió con el voto de las dos terceras partes de los diputados, como exige el artículo 73 de la Ley Orgánica del TSJ.
“La idea es seleccionar a los magistrados de nuevo” dio a conocer Berrizbeitia. “Esos 13 magistrados son bienvenidos a postularse nuevamente, pero haciendo el procedimiento como debe ser. Sabemos que la Sala Constitucional podrá poner trabas y decir que el proceso estuvo bien, a pesar de que más de 40 reconocidos juristas determinaron sus fallas. Por eso reformaremos la Ley Orgánica del TSJ con mayoría simple, como ellos lo hicieron”.
Hoy también se presentarán pruebas de la presión a los magistrados anteriores para que renunciaran a sus cargos, ante la inminente derrota del oficialismo en las parlamentarias.