El bloque oficialista manifestó su contrariedad ante la propuesta y posterior aprobación de la Ley de Propiedad de la Gran Misión Vivienda. El diputado, Ricardo Molina señaló que se trata de un instrumento legal «disfraz» y que pretende mercantilizar el terreno.
Explicó que a la Ley «preocupa más el principal activo que la vivienda , preocupa más el apalancamiento financiero, preocupa más la inversión que la felicidad familiar». Además la misma no permitirá «al pueblo acceder más nunca al terreno porque tiene precios especulativos».
«Vamos a explicarle al pueblo y no nos vamos a dejar», dijo.
Negó que los propietarios de las viviendas no cuenten con titularidad de las mismas, por lo que invitó al bloque opositor a comprobar esta información en los registros públicos de todo el país.
El diputado por el Psuv, Genkerve Tovar señaló que se trata de una trampa de la oposición porque se trata de un supuesto negocio que beneficia a un grupo.
«Sepa el pueblo venezolano que se construye, es un plan de engaño en Miranda, es la que hace la gobernación de Miranda», al refreír que 48 familias fueron estafadas en la entidad.
Por su parte, Érika Ortega considera que la oposición está defendiendo sus intereses de clases porque «son los dueños de gran parte de los terrenos donde fueron erigidos los edificios de la Gran Misión Vivienda».
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