El gobierno de Donald Trump se encontraba este lunes ante la perspectiva concreta de una nueva batalla legal por su nuevo decreto anti inmigración, que ya desató la ira del gobierno de Venezuela acusando a Washington de «terrorismo psicológico».
El domingo, la Casa Blanca sorprendió al divulgar un nuevo decreto de Trump cerrando las puertas del país a ciudadanos de ocho naciones, después de dos tentativas -hasta ahora frustradas- de impedir el ingreso de «terroristas» al país.
En la nueva lista divulgada, la casa Blanca removió a Sudán, que figuraba en los dos decretos anteriores, pero añadió a Corea del Norte y a Venezuela, aunque en el caso del país sudamericano solamente afecta a determinados funcionarios públicos.
De acuerdo con el nuevo decreto, Venezuela «no coopera» con Estados Unidos en la verificación de antecedentes y potencial peligrosidad de sus propios ciudadanos, y por ello una lista de responsables gubernamentales tienen prohibido ingresar a territorio estadounidense.
En respuesta, la cancillería venezolana denunció este lunes que esas listas de países elaboradas por Washington «son incompatibles con el derecho internacional y constituyen en sí mismas una forma de terrorismo psicológico y político».
El gobierno venezolano advirtió que frente a ello podría tomar acciones «con arreglo al principio de reciprocidad».
El decreto determina además la suspensión total del ingreso de ciudadanos de Chad, Corea del Norte, Libia, Siria, Somalia y Yemen.
En el caso de Irán, se suspende el ingreso de ciudadanos a excepción de aquellos que ya posean una visa de estudiante o sean parte de un programa de intercambio.
Decreto no cambió de carácter
Este lunes, sin embargo, diversos analistas y grupos no gubernamentales apuntaron que, aunque este nuevo decreto haya incluido a Venezuela y a Corea del Norte, el espíritu del decreto sigue siendo claramente antimusulmán.
«Seis países de esa lista son islámicos. El hecho de que haya agregado a Corea del Norte, que envía un número insignificante de viajeros, y algunos funcionarios de Venezuela, no esconde la realidad de que este decreto prolonga el veto a musulmanes», dijo Anthony Romero, director de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
Becca Heller, del Proyecto Internacional de Apoyo a los Refugiados, opinó lo mismo: «Sigue siendo una exclusión de musulmanes», dijo.
Para el Centro Legal de Inmigración, una entidad que protege migrantes, «el añadido de Venezuela a la lista de los países afectados no elimina el carácter odioso y xenófobo de la política de Trump».
Para el abogado Justin Cox, del Centro Legal de Inmigración, Trump «está básicamente reescribiendo la legislación migratoria, por completo».
Si el presidente puede vetar indefinidamente el ingreso de ciudadanos de determinados países, «puede vetar indefinidamente el ingreso de trabajadores, puede vetar mexicanos, básicamente puede hacer lo que quiera», criticó el experto.
Sombrío enredo jurídico
Más allá de las reacciones externas, el nuevo decreto complica todavía más el ya difícil enredo jurídico existente.
La Suprema Corte estadounidense aún se encuentra en medio del proceso para decidir sobre la constitucionalidad del decreto anterior, que expiró el domingo y que fue apenas parcialmente retomado en la nueva versión.
El gobierno, a través de su representación legal, envió el domingo una carta a la Suprema Corte sugiriéndole que tome en cuenta los cambios introducidos en el nuevo texto.
Desde su investidura, Trump intenta cumplir su promesa de impedir el ingreso de inmigrantes y refugiados de países donde no existen condiciones de verificar antecedentes, en especial países de mayoría musulmana.
El primer decreto, firmado el 27 de febrero de este año, imponía severas restricciones al ingreso de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria y Yemen.
El decreto generó tal escándalo que su aplicación fue suspendida por dos jueces federales y el gobierno terminó simplemente por anularlo.
El 6 de marzo Trump firmó un segundo decreto, en el que removió a Irak de la lista pero mantuvo a los otros países.
Este decreto fue también suspendido por un juez federal de Hawaii. Irritado con las dificultades legales, Trump decidió entonces elevar el caso a la Suprema Corte, pero el domingo ese decreto se venció por no haber entrado en vigor.
