Ante la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en el que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional, manejada por mayoría de la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, la Mesa de la Unidad Democrática emitió un comunicado en rechazo a esta medida considerada “Inconstitucional”.
“La Mesa de la Unidad Democrática condena de manera categórica y denuncia ante el país y la comunidad internacional lo que considera un duro golpe a la democracia, asestado por el gobierno de Nicolás Maduro y los poderes públicos subordinados a él, en especial el Tribunal Supremo de Justicia, contra el pueblo de Venezuela”, reza parte de la misiva.
En el texto la coalición opositora considera que el Gobierno nacional ya no tiene el apoyo del pueblo venezolano y que se está quedando sin recursos para poderse mantener en el Poder, por lo tanto “recurre a este tipo de medidas desesperadas”.
“La sentencia inconstitucional que aquí rechazamos, más que afectar al Parlamento Nacional electo por el pueblo, concreta un nuevo paso en el proceso de desmantelamiento de la democracia venezolana. Por lo tanto, no estamos dispuestos a reconocerla ni asumirla”.
Lea también:
TSJ da “Golpe al Estado de Derecho” y disuelve la AN por “desacato”
A continuación el texto íntegro emitido por la MUD:
Esta nueva sentencia, inválida e inaceptable, deja clara la falta de independencia del Poder Judicial. En solo 3 días hábiles resolvieron un recurso que no está previsto en nuestras leyes para complacer al gobierno, mientras que después de más de un año siguen sin resolver la situación de los diputados de Amazonas para crear un supuesto desacato, el cual sirve de excusa para anular a la Asamblea Nacional y desconocer la voluntad del pueblo expresada el 6 de diciembre de 2015.
Es mentira que el Tribunal Supremo emita órdenes a Maduro: por el contrario, sin dudas este fallo ordenado por Maduro, dictado por magistrados que no reúnen las condiciones para ejercer el cargo, muchos de los cuales han sido designados de manera inconstitucional, está destinado a silenciar a los diputados y a toda aquella persona o institución que difiera del “pensamiento revolucionario”, que para lo único que ha servido ha sido para incrementar a niveles nunca imaginados la inseguridad, la corrupción, la escasez y la pobreza.
Lo grave es que, además, esta sentencia insólita insta al Presidente a desconocer la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 200 de la Constitución, cuyo fin es, precisamente, proteger a los diputados de los ataques del Gobierno y por tanto asegurar su representación al pueblo soberano que los eligió.
La inmunidad de los diputados es la garantía de pluralismo y contrapeso entre los Poderes Públicos. Es inaceptable utilizar la falta de autonomía de los Poderes Públicos y de dignidad de quienes los dirigen para aferrarse al poder a costa de las necesidades del pueblo.
Este Gobierno agoniza y por eso recurre a este tipo de medidas desesperadas. Eso explica que, mediante esta aberración jurídica, la Sala Constitucional inste al Presidente a revisar leyes de contenido penal e incluso militar bajo la figura del Estado de Excepción por conmoción interna, para arremeter con más frontalidad y descaro contra la Asamblea Nacional elegida por el pueblo y el liderazgo de la Unidad. Esta es una nueva manifestación del estado de anormalidad constitucional que ha permitido la complicidad entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para atentar contra el Poder Público de mayor representatividad democrática.
La Carta Democrática Interamericana es un instrumento normativo que obliga a la República pues fue suscrita por Venezuela bajo la Presidencia de Chávez en 2001. Venezuela ha requerido su aplicación en varias ocasiones. Pretender que invocar ese instrumento y su aplicación es un acto delictual o una traición a la patria es desconocer esa Carta y dar la razón al Secretario General de la OEA en su evaluación sobre la ausencia de democracia en Venezuela.
Los efectos de este nuevo y deplorable fallo judicial dependen únicamente de su destinatario, Nicolás Maduro. Es el Gobierno quien da las órdenes y ahora debe decidir si ejecuta la torpe e inconstitucional decisión de apresar a los diputados que suscribieron el acuerdo parlamentario sobre la aplicación de la Carta Democrática, e, igualmente, debe decidir si aíslan al país del concierto internacional.
La sentencia inconstitucional que aquí rechazamos, más que afectar al Parlamento Nacional electo por el pueblo, concreta un nuevo paso en el proceso de desmantelamiento de la democracia venezolana. Por lo tanto, no estamos dispuestos a reconocerla ni asumirla.
La MUD ratifica el pleno respaldo a las constitucionales y soberanas actuaciones de la AN que avaló, mediante un acuerdo, el llamado de la comunidad internacional para que en Venezuela se celebren elecciones.
