El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes por corrupción o responsabilidad en actos de represión a cuatro altos funcionarios venezolanos, incluyendo al gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, y al ministro de Nueva Frontera de Paz, Gerardo Izquierdo Torres.
Las sanciones anunciadas este viernes afectan también al general de división retirado Francisco Rangel Gómez, exgobernador del estado Bolívar, y al general de la Guardia Nacional Bolivariana Fabio Zavarse Pabón.
Los cuatro funcionarios son o han sido integrantes de las Fuerzas Armadas: Rodolfo Marco Torres es general de división retirado, y Gerardo Izquierdo Torres es mayor general del Ejército en activo.
En una nota oficial, el Tesoro informó que los cuatro «olvidaron la misión profesional republicana» de las instituciones militares de Venezuela, de acuerdo con la Constitución aprobada por ese país en 1999.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, señaló en la nota que las sanciones «ponen de relieve la determinación de Estados Unidos de hacer responsable a (el presidente Nicolás) Maduro y otros, implicados en corrupción».
En el caso de Zavarse Pabón, entre las razones para su inclusión en el paquete de sanciones se menciona su «alegada responsabilidad por actos de represión por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana contra protestas callejeras en Venezuela».
Entre abril y julio de 2017 se realizaron protestas en Venezuela contra el gobierno de Maduro, que dejaron unos 125 fallecidos.
Como resultado de las sanciones, todos los activos que estos cuatro funcionarios eventualmente posean en territorio estadounidense resultarán congelados, y tendrán prohibido tener relaciones comerciales con ciudadanos estadounidenses.
Estados Unidos considera a Venezuela un «narco Estado» que amenaza la seguridad internacional, por lo que ha impuesto sanciones en los últimos meses contra el mandatario venezolano y gran parte de sus funcionarios más cercanos.
Además, Washington prohibió a ciudadanos estadounidenses negociar deuda con el gobierno venezolano y su estatal petrolera PDVSA.
En noviembre, Washington había sancionado a otros 10 funcionarios por su alegada responsabilidad en irregularidades electorales.
El pasado 15 de noviembre, el Departamento de Estado emitió un comunicado donde señaló que el fin de las sanciones estadounidenses depende del gobierno de Maduro.
«Si miembros del régimen de Maduro desean que se retiren las sanciones del gobierno de Estados Unidos, deben actuar para restaurar la democracia y el orden constitucional en Venezuela», indicó el Departamento de Estado.
Los gobiernos de Washington y Caracas mantienen abiertas sus respectivas representaciones diplomáticas pero sin funcionarios con rango de embajador desde hace siete años.
