Tras una semana de protestas y de convulsión social por la agravada escasez de alimentos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció a la prensa que la validación de rúbricas para activar el referendo se realizará del 20 al 24 de junio.
Pero poco después de ese anuncio, el oficialismo dijo que el lunes denunciará por «fraude» la recolección de firmas ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de ser el brazo jurídico del gobierno.
«Vamos a la Sala Constitucional (del TSJ) para denunciar este delito contra la Constitución», dijo Jorge Rodríguez, delegado por Maduro para supervisar el proceso que busca sacarlo del poder.
Según Rodríguez, durante el recaudo hubo una serie de irregularidades que configuran un «fraude», como la inclusión de rúbricas de personas fallecidas, menores de edad e inhabilitados políticamente.
Suspensión en caso de violencia
Al exigir al oficialismo y la oposición «respeto a la integridad» del CNE, Lucena también lanzó una advertencia.
«Cualquier agresión, alteración, o generación de violencia conllevará a la suspensión inmediata del proceso hasta que se restablezca el orden», dijo la titular del CNE, al que la oposición acusa igualmente de servir al gobierno.
El jueves, una protesta de opositores que reclamaban a las puertas del CNE la fecha de validación concluyó con la agresión de un grupo de chavistas al jefe de la bancada parlamentaria opositora, Julio Borges.
En medio de la creciente tensión, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizará una sesión extraordinaria el 23 de junio para discutir la crisis de Venezuela, a pedido de su secretario general Luis Almagro.
El proceso para convocar al revocatorio se vislumbra largo. Tras la validación de firmas con huella dactilar, el CNE se tomará 20 días hábiles para su revisión, hasta el 23 de julio.
Y en un hecho que había adelantado la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el CNE abrió la posibilidad de que los solicitantes anulen su firma del 13 a 17 de junio, ante las alegadas irregularidades.
La MUD vincula este aspecto con las advertencias oficialistas de que los funcionarios del gobierno que firmaron por el referendo deben ser despedidos.
«Revocatorio en 2016”
La oposición exige al CNE celeridad para continuar con la segunda fase del proceso, la recolección de otros cuatro millones de rúbricas necesarias para convocar la consulta.
La MUD sostiene que el CNE dilata el proceso para evitar que el referendo se haga antes del 11 de enero de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del mandato presidencial-, pues si se hace este año y Maduro pierde se llamará a elecciones. Si es en fecha posterior, sería sustituido por el vicepresidente que éste designe.
«No hay ninguna razón legal ni técnica para que no se celebre este año», afirmó Capriles.
Para Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, «en este momento el gobierno no ganaría ningún evento electoral. La popularidad deja de ser su variable clave. Se concentrará en la gobernabilidad», afirmó.
Para revocar a Maduro, la oposición necesita más de los 7,5 millones de votos con que fue elegido en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, quien gobernaba desde 1999.
En medio de la polarización, el gobierno y la oposición empezaron acercamientos bajo la mediación de una comisión encabezada por el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, a instancias de la Unasur.
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