Layra Parra desde hace tan solo tres meses ocupa el cargo de gerente de distribución de Alimentos Polar de Yaracuy. A las 3:00 de la tarde del jueves, un grupo de más de diez funcionarios de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), intervino su lugar de trabajo, donde se la llevaron detenida por supuestamente no contribuir al abastecimiento de los CLAP.
La trabajadora con más de 16 años de experiencia dentro de la empresa, fue trasladada al comando 14 de la Guardia Nacional de San Felipe. Tanto sus familiares como compañeros de trabajo continúan a pie de lucha en las afueras de las instalaciones exigiendo justicia mediante pancartas y consignas. Sus compañeros de trabajo consideran que fue una actuación completamente arbitraria y desproporcionada, sin ningún fundamento legal para proceder a una detención.
Alimentos Polar del estado Yaracuy, responsablemente atiende todos los acuerdos establecidos con la gobernación del estado. Así lo informó Víctor Vicent, gerente territorial del Servicio al Cliente de Alimentos Polar, territorio occidente. El convenio establece que Alimentos Polar debe hacer la entrega de 288 mil kilos de alimentos a la gobernación, mensualmente. Para este mes, el ente político les hizo una solicitud adicional (no establecida dentro de la resolución) de 259 mil kilos.
Vicent asegura que aquella medida puede comprometer el despacho a más de 3.000 clientes en 11 estados y 75 municipios a lo largo del país, que en su consecuencia afectaría a 12 millones de habitantes.
“Es una solicitud que ha sido desproporcionada y que afectaría atender al resto de nuestros clientes y por ende a millones de habitantes. Nosotros hemos consignados todos los requerimientos que nos ha solicitado la Sunagro en los últimos 10 días”.
Destacó que el lunes de la semana pasada, la empresa sufrió una paralización de tres días por una inspección que se presentó en el establecimiento. “En el último año hemos tenido más de 600 inspecciones y nunca se habían paralizado las funciones. No nos dejaron trabajar por una fiscalización”.
La abogada Jormarys Rodríguez, en el día de ayer se reunió junto a los funcionarios en las instalaciones del comando. Actualmente, están a la espera de que el documento sea traspasado al tribunal para obtener resultados sobre la consecuencia del procedimiento.
“En principio nunca debió haber pasado a ser penal, ante eso solicitamos la liberación de nuestra compañera quien es madre de dos hijos, trabajadora y sobre todas las cosas, inocente”.
