La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este martes una prolongada serie de limitaciones a los derechos políticos en Venezuela, donde las autoridades electorales suspendieron un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
«A través de la aplicación de la ley o al margen de ella, se han impuesto serias limitaciones al pluralismo en el ejercicio de derechos políticos y libertad de expresión», dijo la CIDH, haciendo a Venezuela un llamado «urgente» a cumplir con sus obligaciones internacionales en derechos humanos.
En un comunicado, la Comisión y su Relatoría Especial de Libertad de Expresión hicieron un compendio de agravios cometidos a lo largo de este año por el Estado venezolano, denunciando «obstáculos» a la participación en elecciones «libres y confiables» y la «progresiva supresión de facultades constitucionales» del Congreso opositor, así como la detención de dirigentes políticos, la represión de protestas y las arremetidas judiciales contra la prensa crítica.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que esas acciones están «dirigidas a cerrar espacios vitales de participación política y a perseguir a quienes han ejercido su derecho a la libertad de expresión».
Y ocurren en un contexto de «profundo debilitamiento de la separación de poderes» y a medida que Venezuela se adentra en una cada vez más profunda crisis económica, alimentaria y sanitaria, añadió.
De «especial preocupación» para el organismo resultó la decisión del Consejo Nacional Electoral, acatando el fallo de tribunales regionales, de suspender el pasado jueves el proceso de revocatorio presidencial impulsado por la oposición.
«Esto sugiere la posible existencia de una decisión coordinada para impedir que la ciudadanía pueda evaluar la gestión del primer mandatario, a través del mecanismo de referendo», señaló la CIDH.
La decisión del CNE echó por tierra las jornadas de recolección de firmas (20% del patrón electoral) requeridas para convocar el referendo, lo que para la Comisión atenta no solo con los derechos políticos sino con la libertad de expresión y el principio de no discriminación de los venezolanos.
