Las autoridades electorales de Venezuela anunciarán este lunes si la oposición podrá avanzar hacia un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, en momentos de creciente tensión política y descontento popular.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó este lunes a las 4 de la tarde para pronunciarse y confirmar si la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reunió las 200.000 rúbricas requeridas para activar el referendo, luego de que la semana pasada la dejara esperando por el anuncio, aumentando la crispación.
La coalición opositora exige celeridad. En su objetivo de que el revocatorio se realice este año, quiere empezar cuanto antes la segunda etapa: la recolección de otras cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral), necesarias para que se convoque a la consulta.
«El revocatorio es para que se acaben las colas, para que haya comida y medicinas, para que el dinero alcance, para que haya seguridad. Con Maduro no vamos a resolver la crisis, por eso tenemos que revocarlo», afirmó el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles.
La MUD acusa al CNE de ser aliado del gobierno y de retrasar el proceso para evitar que la consulta se haga antes del 10 de enero de 2017.
Ese límite es clave: si el referendo se realiza este año y Maduro pierde, habrá elecciones; pero si es revocado después de esa fecha, los dos años de mandato que faltarían los completará su vicepresidente.
«Un revolcatorio»
Para revocar a Maduro, se necesita más de los 7,5 millones de votos con los que fue elegido en 2013. Según la firma Venebarómetro, 73,4% de los venezolanos reprueba su gestión y 64% de los electores votaría por sacarlo del poder.
El malestar aumentó en los últimos meses. Casi a diario ha habido protestas por falta de comida, pues la escasez de alimentos y medicinas alcanza el 80%, y no hay bolsillo que siga el ritmo de una inflación que fue de 180,9% en 2015 y está proyectada por el FMI en 720% para 2016.
El gobierno, que atribuye la crisis al desplome de los precios del petróleo y a una «guerra económica» de empresarios, asegura que no habrá referendo este año.
Su última jugada fue una petición al CNE, la semana pasada, para que anule a la MUD como actor político, acusándola de fraude en la recolección de las 200.000 firmas.
El propio Maduro demandó por fraude a la MUD ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -al que la oposición también acusa de servir al chavismo-, lo que se sumó a miles de recursos legales interpuestos por el oficialismo.
«La determinación del pueblo es tan grande por el cambio que va a haber referendo. Lo que debe de haber no es un revocatorio, sino un ‘revolcatorio'», dijo el jefe de la bancada opositora en el Parlamento, Julio Borges, quien espera un voto contundente contra Maduro.
El analista Benigno Alarcón advirtió que el CNE debe abrir «la válvula de escape», pues si no hay referendo revocatorio «la presión va a salir por otros medios», como un estallido social.
Un campo minado
Para analistas como Eugenio Martínez y José Ignacio Hernández, la petición de ilegalidad contra la MUD es «improcedente», pero reconocen que podría retrasar el referendo, ya de por sí con el tiempo muy ajustado.
Si las primeras 200.000 firmas son validadas, se pasará a una segunda etapa en la que la MUD debe solicitar la fecha y puntos de recolección de cuatro millones de rúbricas, lo que el CNE podría definir en dos semanas.
Una vez recolectadas, habrá 15 días hábiles para contarlas y tres meses más para organizar la consulta.
El ambiente se enturbió aún más el pasado jueves, cuando el Parlamento -de mayoría opositora- reincorporó a tres de sus diputados que la justicia ordenó separar en enero mientras resolvía una acusación de fraude electoral presentada por el chavismo.
Seis meses después el caso no ha sido resuelto, por lo que la MUD los juramentó. No obstante, el TSJ aseguró el domingo que aún recopila pruebas para dictar sentencia.
Ante la profundización de la crisis, una comisión de expresidentes liderada por el español José Luis Rodríguez Zapatero impulsa un diálogo entre gobierno y oposición.
Ocho de cada diez venezolanos apoyan un diálogo, y más de la mitad cree prioritario resolver la debacle económica, reveló el domingo una encuesta de Hinterlaces. Pero el referendo es el principal obstáculo para que ambos bandos se sienten a hablar.
