Un teniente coronel y otros 10 suboficiales del Ejército fueron detenidos por estar presuntamente implicados en el asesinato de 12 personas, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en Barlovento, estado Miranda.
Ante el hecho, la Fuerza Armada Nacional (FAN) emitió un comunicado este domingo en rechazo al dolor que causaron estos “soldados de la patria”, quienes ejecutaban la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), con el fin de garantizar la protección contra la criminalidad.
“Este tipo de situación aislada contraviene el ordenamiento jurídico nacional y militar, y no representa en modo alguno el profesionalismo y la vocación humanista que caracteriza a los militares, forjados a la luz de la Revolución Bolivariana, toda vez que en su accionar diario se exige el más absoluto respeto a los Derechos Humanos, garantía universal consagrada en nuestra Carta Magna”, indica.
Según explica el documento, al conocer la información, se ordenó la apertura de una investigación penal militar, donde se determinó la responsabilidad de un oficial superior y de otros siete militares de diferentes rangos; de igual manera, el presidente Nicolás Maduro solicitó la degradación y expulsión de los culpables por violentar su conducta y los principios de la FAN, e instruyó brindar una indemnización a los familiares de las víctimas.
Por su parte, la organización Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, indicó que el Ministerio Público imputará penalmente “por delitos relacionados a la vulneración de derechos fundamentales” a 11 efectivos militares: ex teniente coronel José Ángel Rojas; sargento primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar, Romi Antón; sargento mayor Miguel Francisco Rodríguez; mayor Luis Eduardo Romero; cabos segundo Arquímedes Aguey, Luis Eduardo Machado y el cabo primero Fabián Rangel.
Cabe agregar que estaban adscritos al batallón del ejército 323, con sede en Cumaná, estado Sucre, y estaban destacados en Caucagua, Miranda.
Dicha organización social exige al Estado, enjuiciar a estos responsables, brindar atención psicológica y psicosocial a los familiares de las víctimas, como se contempla en el Plan Nacional de Derechos Humanos; también instan a reforzar urgentemente la formación y entrenamiento en materia de derechos humanos de todos los funcionarios encargados de la seguridad, y a garantizar que no se repetirán estos hechos irregulares que empañan la imagen de la institución castrense.
