La Contraloría General de la República, constitucionalmente, no tiene facultad alguna para inhabilitar a ningúna persona de sus derechos civiles o políticos, afirma la organización Democracia y Libertad en declaración pública firmada por su coordinador nacional, Pedro Pablo Alcántara.
Cabudare, aunque es la ciudad que experimentó el mayor crecimiento en Lara en la segunda mitad del siglo pasado, está estrechamente vinculada a Barquisimeto. El licenciado Jorge Euclides Ramírez, periodista, analista político y coordinador del movimiento Defensa de la Constitución y la Democracia (Decode) dice que el ejemplo más evidente es cuando se presentan accidentes de tránsito viales en la conexión de las dos ciudades.
A falta de apoyo popular, el gobierno está mostrando que con la fuerzas armadas y a través de las instituciones del Estado es fuerte, porque la ratificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de inhabilitar a María Corina Machado, candidata de la oposición, para ejercer cargos públicos por quince años, forma parte de su proceder y es como decir: “nosotros todavía tenemos el poder y no nos importa la forma como piensa la oposiciòn, ni los Estados Unidos en la adopción de nuestras propias decisiones.”
206 años se han cumplido este 27 de enero de 2.023 de haber sido legalizado el caserío Cabudare, que ya existía en 1818, dice el ingeniero Manuel Cols, ex director general de la alcaldía de Palavecino y antes de la Fundación para el Desarrollo de la Región Centroccidental (Fudeco), quien al ser entrevistado por El Impulso añade que al constituirse la parroquia se definieron los sitios de la iglesia y la plaza.
Como un irrespeto calificó la profesora Deborah Velásquez de Valecillos, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), el anuncio de Nicolás Maduro en la presentación de su mensaje anual de Memoria y Cuenta a la nación, en los incrementos de los bonos a los trabajadores de la administración pública y mantener por espacio de un año y un semestre la confiscación hecha por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) de los sueldos y derechos del sector educacional.
