Juan Guaidó se pronunció sobre el caso de la adjudicación de la sede de El Nacional a Diosdado Cabello y afirmó que el régimen venezolano se la robó para entregarsela al número dos del chavismo, por lo que consideró se trata de un nuevo ataque a la libertad de expresión y la prensa libre en Venezuela.
En su cuenta de Twitter, Guaidó escribió: La dictadura se roba judicialmente la sede física del diario @ElNacionalWeb y la entrega a Diosdado Cabello.
Destacó que la democracia significa ejercer el periodismo y cualquier profesión sin persecución y a su vez publicó un comunicado de la Asamblea Nacional electa en 2015 en el cual los diputados rechazan la decisióno del Tribunal Tercero de primera instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, por medio de la cual se le adjudica a Diosdado Cabello la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que ésta se encuentra construida.
«La ilegal decisión tomada por la jueza Del Carmen Amoroso, hermana del Contralor General de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso, es una prueba más de que la dictadura ha secuestrado las instituciones de la República, ha acabado con la separación de poderes, ha fomentado el nepotismo y la corrupción, y manipula a su antojo las más altas instancias del país para promover descarados robos judiciales contra uno de los diarios históricos del periodismo en Venezuela», dice parte del comunicado.
Consideran además que «este robo judicial perpetrado contra El Nacional» es una nueva táctica del régimen que busca amedrentar, amordazar e intimidar a los directores, editores y periodistas de los medios de comunicación en Venezuela para que bajen la voz y dejen de denunciar la arbitrariedad de la dictadura de Nicolás Maduro.
Agregaron que la situación con El Nacional es una prueba fehaciente de la necesidad de reformar el Sistema de Justicia en nuestro país.
«La dictadura adelanta una reforma a la composición del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, donde planea, entre otras cosas, reducir el número de Magistrados de 32 a 20 en una maniobra para simular cooperación ante la investigación de la Corte Penal Internacional», reza el documento.
