La megabanda del “Koki” fue hasta 2021 una de las organizaciones criminales más poderosas de Venezuela. No solo por su alcance y la cantidad de integrantes que poseía; sino por su estratégica ubicación en la capital del país, sus evolucionados niveles de organización, el poder de fuego de sus hombres y, especialmente, por la libertad con la que operaba a solo 4,5 kilómetros del palacio presidencial, donde despacha Nicolás Maduro.
Por más de siete años puso en jaque a toda la fuerza pública de la capital del país que intentaba capturarlo, y mientras centenares de habitantes de las zonas populares donde operaba caían a manos de los cuerpos de seguridad en ejecuciones sumarias, Carlos Luis Revete, alias «El Koki», y sus socios, nunca fueron capturados, siempre terminaban ilesos y seguían delinquiendo.
Desde 2014 había controlado un importante corredor en el suroeste de Caracas, ubicado a menos de cinco kilómetros del Palacio de Miraflores y muy cerca de importantes dependencias gubernamentales de la fuerza pública: la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana, en la parroquia El Paraíso; la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en la parroquia San Pedro; la base del Ministerio de la Defensa en Fuerte Tiuna, parroquia El Valle; y la comandancia de la Policía de Caracas, en la parroquia La Vega.
El grupo delincuencial utilizaba una pequeña formación montañosa, compuesta por una cadena de barrios, para el tráfico de drogas, la gestión de los secuestros, la comercialización de armas, la extorsión y otros delitos. Esta área fue calificada como “el corredor de la muerte” por el dirigente oficialista Freddy Bernal, quien fue alcalde de Caracas (2000-2008), exdiputado (2011-2015) y encargado de la Comisión para la Reforma Policial (2014-2015). Ahora es gobernador del Táchira.
Revete, conocido como alias Koki, era uno de los tres líderes de la organización, quizás el más mediático, y por esa razón, la banda criminal fue bautizada por la policía con su apodo. El verdadero jefe del grupo criminal es Carlos Calderón Martínez, alias “Vampi”, y el tercero de los cabecillas es Garbis Ochoa Ruíz, alias “Garbis”, quienes aún no han sido capturados.
Koki, un peligroso y escurridizo delincuente involucrado en diversos delitos (homicidios, secuestros, robos, narcotráfico y extorsiones), se había convertido en la pesadilla no solo de los cuerpos de seguridad del Estado, sino del propio presidente Maduro.
En 2021, la organización criminal de la Cota 905 mantuvo en vilo a los habitantes de Caracas durante tres días de balaceras y persecución policial, que dejaron 75 personas muertas, entre presuntos delincuentes, policías y civiles que nada tenían que ver con el conflicto. Todo en el marco de la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro I.
Al Koki, quien era requerido por las autoridades desde 2015, se le atribuyen varias masacres, matanzas de policías y secuestros. En 2017 encabezaba el ranking de los criminales más buscados en Venezuela, cuando el régimen puso una serie de carteles con su foto en las estaciones del Metro de Caracas ofreciendo una recompensa por información sobre su paradero.
Sin embargo, el Koki nunca fue detenido. Se desplazaba con total libertad por las zonas que componen los territorios de sus operaciones, como eran las parroquias El Valle, Coche, La Vega, El Paraíso y Santa Rosalía –en estas 2 últimas tenía su base– y se había ganado el apoyo y la simpatía de los habitantes de esas localidades. La razón es que se había convertido en un benefactor de esas comunidades humildes y llenas de carencias, que el Estado no atendía.
El Koki y su megabanda organizaban fiestas, resolvían problemas domésticos y repartían la comida del programa gubernamental de alimentación, conocido como Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). En muchos casos, suplían la ausencia del Estado.
Además, muchos lo consideraban un héroe carismático que los defendía de los abusos y excesos de las policías, que ingresaban a sus viviendas violentamente sin orden judicial, maltrataban a las mujeres y a los niños, ejecutaban a los hombres jóvenes, destruían sus casas y robaban sus pertenencias. Esto era una muestra de la gobernanza criminal de esta organización en sectores como la Cota 905 y El Cementerio.
Pero el Koki era un delincuente y lo dejaba claro por la fuerza y con violencia. Él y su grupo imponían normas de convivencia en las comunidades que controlaban. A la persona que violaba sus reglas le aplicaban terribles castigos o la mataban. Una de las prácticas más comunes del grupo criminal era asesinar a sus enemigos o a quienes desobedecían sus designios, para luego lanzar sus cadáveres por un bajante de basura desde la parte alta de la montaña, que desembocaba en el borde de la autopista de El Paraíso.
Se les atribuye el asesinato de una líder vecinal de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) en 2016, y sanguinarias matanzas de miembros de bandas rivales a lo largo de su existencia.
El grupo criminal también se ha caracterizado por el uso de la violencia extrema contra los funcionarios de la fuerza pública. Además de asesinar a gran cantidad de policías en Caracas, también persiguen y matan a los familiares de los agentes. En 2016 mataron al hijo de un funcionario policial cuando visitaba a familiares en El Cementerio y quemaron el cadáver, y en 2016 provocaron el desplazamiento de más de una docena de policías que vivían en “sus territorios”.
Estas acciones, además de darle una “popularidad” al grupo, le permitieron ganarse por la fuerza y con terror el “respeto” de las autoridades y la ciudadanía. Esto podría haber sido usado por la megabanda como una carta que quizás le ha sido útil para lograr algunas negociaciones Maduro, muchas veces cuestionado por su incapacidad para controlar al Koki.
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