La reforma al decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (LIGTF), no sólo abarca este renglón económico, sino al sector comercial y va más allá, porque también pecha a los consumidores.
Así lo advierte la organización Democracia y Libertad, cuyo coordinador nacional, el profesor Pedro Pablo Alcántara, en declaraciones a los medios, señala que al haberle dado la segunda discusión la Asamblea Nacional, esa reforma está dirigida, en primer lugar a la empresa Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa).
Esta compañía nacional, que durante los gobiernos democráticos llegó a ser la tercera empresa petrolera en el mundo, sigue transando la compra de partes y productos en dólares.
Ahora que no se encuentra en sus mejores condiciones, desde el punto de vista de la extracción, producción y venta de crudo, además de haber perdido capacidad en la refinación de los derivados del petróleo, ya dejó de ser el motor de la economía y el primer generador de ingresos al Estado venezolano.
Ahora va a recibir otro castigo adicional impositivo, además de las contribuciones que por ley tiene que hacer al fisco nacional.
En segundo término, esta ley continuará pechando a la industria nacional procesadora de alimentos o de bebidas, que tiene que adquirir en el exterior materia prima para el proceso de transformación que concluye con los productos finales. Aquí hay que importar maíz, porque no es suficiente la producción nacional; tampoco azúcar y, en general, una enorme cantidad de rubros. De igual forma, las empresas que producen bebidas tienen que importar pulpa de fruta, que no se produce en Venezuela. Y como ocurre tradicionalmente en el sistema capitalista, esos costos son trasladados al consumidor; es decir, otro incremento más en la escalada de la perdida del valor adquisitivo del bolívar y, por supuesto, en el alto costo de la vida. ¿Cómo se pretende combatir la inflación?
Aquí se justificaba el impuesto a las grandes transacciones financieras cuando el país vivía una bonanza petrolera y la cual, absurdamente, fue utilizada por el régimen para regalar gasolina a barriadas de Londres y Nueva York, donar millones de barriles de petróleo a los países del Caribe, construir urbanizaciones populares en Nicaragua, dotar de servicios a Cuba, levantar estadios olímpicos en Siria, dar dinero a organizaciones políticas izquierdistas de todo el mundo y, como si todo eso fuera poco, rearmar a los grupos terroristas e irregulares y delictivos que, como las FARC, cometían todos los desafueros posibles no sólo contra gobiernos, sino contra poblaciones indefensas.
Esa ley, hecha como un decreto de una habilitante del Ejecutivo Nacional, ya no sólo es para las grandes transacciones financieras, como ya hemos apuntado, sino que es contra todos los consumidores.
Es indudable que la forma como se ha hecho la reforma al afectar a la población, deja a esta en una situación crítica porque los salarios que ahora rigen son de miseria y los millones de personas de la tercera edad que son pensionados por el IVSS reciben una ínfima cantidad de dinero, que no llega a dos dólares mensuales, con la cual no pueden comprar ni siquiera pastillas para los dolores de cabeza que sufren por esta situación de hambre a la que la ha llevado este régimen criminal.
Y reafirma esa condición que esa ley no fue sometida a la consideración de especialistas en la materia, ni mucho menos a la ciudadanía en general.
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