Aunque considera conveniente reducir el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Blanca Rosa Mármol de León teme que ahora haya un reparto de cargos, en el cual participe la llamada oposición.
En entrevista concedida a Elimpulso.com, la especialista la exmagistrada del TSJ, especialista en Ciencias Penales y Criminalística, docente universitaria, escritora y analista política, sostiene que no existe posibilidad alguna de que el Poder Judicial sea autónomo e independiente.
Al reformar la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, le decimos, la Asamblea Nacional redujo de 32 a 20 el número de magistrados: 5 para la Sala Constitucional y tres para cada una de las Salas Electoral, Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social.
¿Cómo ve esta reducción y cuál cree que es el objetivo, porque la solicitud partió del propio presidente del TSJ?
Yo lo veo bien porque nunca ha debido llegar a esa cantidad de magistrados. Esa fue un invento del extinto, porque no le gustó la decisión que tomamos en relación a los hechos del 11 de abril de 2002 cuando de 11 a 9 se decidió en contra de lo que él quería. Quería que dijéramos que era un golpe. Entonces, él elevó el número de magistrados a 32, lo cual es totalmente absurdo porque no se necesitan tantos magistrados. Esa es la verdad. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene nueve magistrados. Por una parte, está bien que se reduzca el número, por la otra, ¿por qué lo hicieron?, pienso que ellos van a hacer unos cambios para dar ante la Corte Penal Internacional la imagen de que están haciendo lo mejor por renovar el Poder Judicial y que la administración de justicia respete los derechos humanos en Venezuela, lo cual es un supuesto negado porque el régimen no le da autonomía a los jueces. Sabemos que cuando las cosas no las pueden resolver siempre tienen a la mano una decisión oportuna del TSJ, que les permita hacer lo que ellos quieran. Y lo mismo vimos con el Consejo Nacional Electoral, porque como no querían que se hiciera el referendo revocatorio, lo abortaron de una vez.
Pienso que dada la situación del país, se dieron cuenta que ese enorme TSJ representa también un gasto enorme, y es bueno recordarlo: Cada magistrado tiene una oficina aparte, con abogados, secretarios, asistentes, choferes, carros, porteros. Eso parece lógico, aunque la lógica no funciona en este régimen. Y creo que igualmente tomaron en consideración que el Poder Judicial tiene una bárbara cantidad de jubilados. Les dieron jubilación a funcionarios sin que llenaran los requisitos. Todo ese cuadro que tiene ese poder es un elefante blanco con el cual no hayan qué hacer.
Si esta vez fue abortado el referendo revocatorio por el propio CNE, el primer intento para revocar el mandato de Nicolás Maduro, en el 2016, fue suspendido indefinidamente por jueces de Aragua, Apure, Bolívar, Carabobo y Monagas. ¿Cómo se explica esa decisión tomada por tribunales estadales en torno a un proceso nacional?
Esos jueces tienen que responder por la decisión que tomaron. Ellos no tenían ninguna competencia y porque, además, eran jueces penales. Es bueno que lo recordemos porque quienes se encuentran cumpliendo funciones públicas, entre ellos los jueces, principalmente, tienen que apegarse a la Constitución, la cual dice que el ejercicio de la función pública genera responsabilidad personal. Ellos tendrán que responder por todas las acciones que hicieron contra la ley y contra la Constitución. Y particularmente en perjuicio de los derechos humanos de los venezolanos, especialmente los derechos políticos.
Ahora que usted habla de esos derechos, todavía está latente el caso de los diputados de Amazonas, quienes después de ser proclamados por el CNE, se les obligó a desincorporarse. Pero, no se hicieron elecciones para sustituir a Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana, perdiendo la Asamblea Nacional del 2015 esos tres parlamentarios y quedando Amazonas sin representación por decisión del TSJ. En ese caso, ¿no hay responsabilidad alguna?
Si hay. Los jueces están obligados a decidir en el tiempo y aplicar justicia. Si es tardía no es justicia. Y si no hay una explicación de que una decisión no se produzca, existe una falta grave. Porque la administración de justicia para que lo sea, tiene que ser oportuna.
Si no hubiera sido protestada la sentencia absolutoria por el asesinato del joven David Vallenilla, el militar homicida que le disparó en La Carlota, durante una protesta en 2017, no se habría hecho justicia cinco años después. ¿Por qué tiene que ocurrir situaciones como ésta?
Cuando se presenta un problema complejo con una absolutoria en primera instancia y una condenatoria en segunda instancia, se supone que ésta decisión corrigió la actuación del primer tribunal porque se encontraron pruebas suficientes para la administración de justicia. Si eso fue así hay que demostrar que en primera instancia hubo corrupción, influencia o elementos que impidieron tomar una decisión correcta. Eso sería la comisión de otro delito. No podría emitir opinión porque no tengo elementos para hacerlo. Pero, un caso como ese amerita una profunda investigación.
¿Desde cuándo no hay concursos para la designación de los jueces?
Desde que llegó este régimen se acabaron los concursos. Fueron sacados todos los jueces titulares. Desde entonces no hay carrera judicial, no hay ascensos por reconocimientos, por logros, por méritos. Hay jueces completamente improvisados, manejados por el régimen. Lo digo con conocimiento de causa porque lo vi y lo viví: se produjeron destituciones de jueces, de un plumazo, exactamente como lo especifica el refrán- Y se hacía de un plumazo cuando la decisión del juez no le agradaba al régimen. Con eso lo digo todo: No hay posibilidad de un Poder Judicial independiente mientras eso siga de esta manera. Y eso lo vamos a ver también ahora en el nombramiento de esos veinte magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia. Temo que haya una repartición. Y eso podría producirse porque me están llegando informaciones de que habrá una participación de la llamada oposición en esa repartición maligna.
Si se va a hacer de esa forma será como un juego de barajas, entonces, ¿no habrá evaluación alguna de quienes serán magistrados?
No, no, no. Ellos no tienen intención alguna de dar independencia ni autonomía al Poder Judicial. Al contrario, aquí se trata de tener el control de todos los poderes, absolutamente. Lo que se busca es dar una apariencia de justicia eficiente para defenderse ante la posibilidad de un juicio de la Corte Penal Internacional, para que desaparezca la necesidad de que ese organismo intervenga. En Venezuela, definitivamente, no hay justicia independiente, ni autónoma, mientras sigamos sin carrera judicial y manejando los nombramientos y destituciones de los jueces de la manera como se ha venido haciendo.
¿No cree usted que pueda haber carrera judicial?
No, en absoluto. Aquí todo es a dedo. Quien tenga la oportunidad de que lo apoye, ese permanecerá en el cargo y el que caiga en desgracia porque una decisión no le guste al régimen, automáticamente, saldrá del Poder Judicial y hasta le podrán abrir un procedimiento penal como le hicieron a la jueza María Lourdes Afiuni, quien desde el 10 de diciembre de 2009 viviera un calvario de casi diez años.
A esta jueza, que fue liberada después de que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos presentara un informe demoledor sobre Venezuela, ¿no le hicieron justicia nunca?
Nunca. Le hicieron a ella un grave daño y un mal, no sólo moral, sino físico y eso quedó impune. Ese daño le acompañará a ella para siempre. Da dolor decirlo. Y su caso ha debido producir una reacción mucho mayor y sumamente enérgica de parte de jueces y abogados en Venezuela, porque era absolutamente inadmisible.
Así como ocurre con magistrados y jueces, ¿ocurre con los fiscales del Ministerio Público?
Totalmente. También están sometidos a no caer en desgracia. No hay estabilidad y las decisiones son totalmente parcializadas. Basta ver y oír como se expresa el fiscal general de la República para darse cuenta de cómo funciona eso. Se expresa como un dirigente político y abusador.
Desde el 2015 se ha venido criticando al TSJ porque 13 de los 32 magistrados principales y 21 de sus suplentes fueron escogidos de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Es un tema muy importante. En todos los países debe respetarse la carrera judicial, la cual indica que se van ascendiendo progresivamente dentro de las funciones que le competen. Se comienza con el cargo más bajo. Los jueces de primera instancia ascienden por mérito a segunda instancia. Y de esa forma van acumulando méritos hasta llegar a ser magistrados. Pero, aquí el TSJ se conforma a través de una repartición de cargos. Cualquiera que está en un campo distinto se siente con derecho a ingresar por arriba al Poder Judicial. Para llegar a ser general se requiere previamente haber sido coronel. Para ser magistrado tiene que haber sido juez superior. Hay una excepción en la ley, en la cual se toma en cuenta a académicos y para situaciones especiales que califican muy bien a la persona; pero, la primordial debe ser para quienes tienen formación en la carrera judicial. Esos que vienen de la Asamblea Nacional se han ganado un premio por la fidelidad, pero no tienen la menor idea de lo que significa la función judicial.
¿Están bien remunerados los jueces?
No, pero deberían tener buena remuneración. Quien se dedica a ser juez tiene que ser abogado y renuncia al ejercicio profesional privado, para dedicarse de manera exclusiva a esa función, que es sumamente importante y delicada. El Poder Judicial tiene que ser la balanza, el equilibrio, entre los otros dos poderes. Así debiera ser para evitar tentaciones. Cuando un juez tiene cubiertas todas sus necesidades puede gozar de la tranquilidad suficiente para decidir en forma reposada y equilibrada. Como el juez de aquí tiene un salario de hambre y además está amenazado de ser destituido o abrirle un juicio penal, ¿en qué condiciones puede decidir? ¿Cómo se puede confiar en él? Es imposible.
Siempre se ha denunciado el retardo procesal, ¿por qué no se ha podido resolver este problema?
Ese retardo procesal es culpa de los jueces, principalmente; y en una pequeña parte, del funcionariado que trabaja en las cárceles. Se da la circunstancia de que trasladan al preso para la realización de la audiencia y lo digo con dolor, lo dejan en el sótano del Palacio de Justicia, no lo suben al tribunal y lo devuelven a la cárcel sin que se haga la audiencia. El juez, por una parte, debiera esmerarse en que le subieran al preso, sabiendo que está esperando que lo suban; y por la otra, los jueces caen en diferimientos absurdos, lo que hace que los juicios se hagan eternos y por consiguiente, nunca haya justicia y el preso cumple pena anticipada, porque si sabe que es culpable o no, de todas maneras está privado de libertad. Y en el retardo también contribuye la fiscalía porque oigo decir que los fiscales no alcanzan para los casos que existen y, entonces, unas audiencias se cumplen y otras no, porque los fiscales no comparecen. Creo que es falta muy grande de la fiscalía y los jueces.
De las 30 cárceles nacionales y 500 centros de reclusión preventiva que hay en el país, se dice que existen más de 65 mil presos. Pero, una gran cantidad se encuentra en hacinamiento. ¿Qué nos puede decir?
Lo de las cárceles es ignominioso. Hay hacinamiento enorme. Además, a los reclusos ni siquiera se les garantiza la vida porque los pueden matar o se pueden morir de hambre o enfermedad. Un Estado que tiene prisiones en esas condiciones perdió la legitimidad para castigar, totalmente. En ninguna parte está escrito que por haber cometido un delito, para el caso de que fueran sólo los culpables los que se encuentran presos (y tú y yo sabemos que no es así), no se puede castigar si no se les garantiza la vida. Una cosa es ser culpable de un delito y otra ser condenado una pena que no está contemplada en la Constitución, como es la pena a la muerte. Encima de eso, como si fuera poco, los procesados que cumplen la pena siguen presos porque después que les otorgan la boleta de excarcelación son sometidos a un chantaje, para que se haga en efectivo. Si no pagan en dólares, no salen.
