La Asamblea Nacional electa en 2015 condenó este martes 1 de febrero la emergencia humanitaria compleja que enfrentan los profesores universitarios, responsabilizando a la administración de Nicolás Maduro de esta situación.
En Parlamento señaló en su página oficial, que en la sesión ordinaria celebrada vía online, se debatió sobre la precaria situación salarial de los profesores universitarios, que ha desencadenado en una grave realidad que ha traído como consecuencia «desolación y diáspora».
Inició el debate la diputada por el estado Mérida Mildred Carrero, quien se refirió a los profesionales de la Educación Superior del estado, calificando de «escalofriante» la situación que atraviesan producto de los sueldos y salarios “miserables y de muerte” que reciben.
“Levantamos nuestra voz a todas las instancias internacionales inclusive la Corte Penal Internacional (CPI), sobre esta tragedia de aniquilamiento de parte del régimen contra el sector universitario. Debemos hacer todo el esfuerzo posible para recuperar un nivel de vida digno para nuestros docentes, empleados, obreros y estudiantes universitarios, uno de los valores más importantes de un país”, expresó.
De igual forma, envió un mensaje a los diferentes sectores de la sociedad civil: «Sector político y sociedad civil, que con el esfuerzo de todos es que se le podrá poner fin a esta dictadura, que llamó sangrienta y esclavizadora de personas y conciencias».
Luego tomó la palabra la diputada por el estado Amazonas, Rosa Petit, quien indicó que la muerte de la profesora universitaria Isbelia Hernández, por desnutrición, el pasado 23 de enero en la ciudad de Mérida, es ejemplo de las condiciones críticas de desnutrición, en que viven los formadores del futuro de Venezuela.
“Desnutrición muerte, salario, ese es el pan nuestro de cada día en la Venezuela de hoy que vive fuera de la cápsula de la capital y de Venezolana de Televisión donde no pasa nada y todo está bien. La Venezuela del Zulia, Amazonas, Apure, Táchira, Falcón, Lara, es la Venezuela que sufre, llora y que tiene la esperanza que esta situación puede cambiar”, aseveró.
En ese sentido, la diputada Petit solicitó a la presidencia para pasar un video del presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) Víctor Márquez, quien habló sobre la continua violación de la Constitución y demás leyes en materia salarial en contra de profesores trabajadores y estudiantes de las universidades.
Márquez explicó que, para entender la situación de crisis de la universidad, profesores y trabajadores, hay que ubicarla dentro de una estrategia que se inició luego de la derrota de la toma de la sala de sesiones del Consejo Universitario de la UCV, a partir de ese momento por la vía de la fuerza, es tomada progresivamente la institucionalidad universitaria.
Agregó que la toma de la UCV se soportó en el cerco presupuestario, el desconocimiento de las normas de homologación y del uso de la violencia como arma política, posteriormente se le añadió la judicialización de la vida universitaria.
“Hoy esta estrategia condujo a la destrucción de la planta física, la desaparición de la discusión de la contratación colectiva con las organizaciones representativas de los trabajadores y la imposición de la convención colectiva única del sector universitario, con la complicidad de la federación de maletín progubernamental”, señaló.
Añadió que se impuso una tabla salarial que considera «violenta» la Constitución e implementa la modificación del salario, disminuyendo las prestaciones sociales, donde además desaparece como patrono las autoridades universitarias y la transformación de empleados públicos a todos los que laboran en las universidades.
Así mismo, destacó que desaparece, en la práctica, la autonomía administrativa a través del control de las nóminas, utilizando el sistema Patria y el pago de prestaciones a través de la oficina de planificación del sector universitario, así como la ausencia de recursos destinados a cumplir con las actas convenio, que conducen a la desaparición del derecho a la seguridad social y por ende a la salud.
” Hoy quienes laboramos en el ámbito universitario tenemos un ingreso que está por debajo de la canasta alimentaria, afectando la calidad de vida y la salud. Esta política ha generado una fuga masiva del recurso humano, afectando los procesos de docencia, investigación y extensión. Esta destrucción de la sociedad del conocimiento pone en serio peligro el futuro del país”, concluyó.
Por su parte, la diputada por el Distrito Federal, Tamara Adrián, sostuvo que no se puede crear una Venezuela digna sin profesionales de altísimo nivel y la situación de los profesores universitarios hoy limita la capacidad de enseñanza, aunado a la ausencia de bibliotecas actualizadas y de medios electrónicos que permita la formación de los estudiantes.
“Para el desarrollo de un país es indispensable que existan universidades con altísimo nivel educativo, y para ello se necesitan profesores que tengan las capacidades y estén bien remunerados… Vamos a reconstruir a Venezuela con universidades dignas, en la que los profesores ganen más de 7 mil dólares mensuales, como fue en los años 70 y 80”, concluyó la parlamentaria.
