La Confederación Sordos de Venezuela, Consorven, junto a otras organizaciones de Discapacidad, presentó para este periodo del Examen Periódico Universal (EPU) una serie de informes y recomendaciones destinadas a la aplicación de medidas concretas hacia el crecimiento de la garantía de los derechos de las Personas con Discapacidad en el país.
Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, recordó que en el segundo ciclo del Examen Periódico Universal tanto los miembros del comité como los estados, hicieron algunas recomendaciones, principalmente en lo relativo a los derechos a la salud, educación, acceso a la justicia y accesibilidad comunicacional de las personas con discapacidad.
En principio, la Organización de las Naciones Unidas y los países miembros recomendaron aplicar en Venezuela un Plan Nacional de Derechos Humanos, a fin de fortalecer la coordinación y supervisión institucional de las políticas en este tema, específicamente en los relacionados a la protección social de personas con discapacidad y adultos mayores, para lo que no se tienen datos ni información referente a la aplicación plena de este plan, menos aún de forma desagregada según la discapacidad.
Igualmente se plantearon recomendaciones en temas académicos para que la población venezolana con discapacidad, en especial niños, niñas y adolescentes, pudieran recibir una educación inclusiva que promueva el uso de la Lengua de Señas y Sistema Braille.
En este particular, señaló De Gouveia que las organizaciones de la sociedad civil y de DDHH, no han podido recabar información suficiente para asegurar que tales recomendaciones se hayan implementado por parte del Estado; sin embargo, “si hemos hecho importantes hallazgos que muestran las inequidades existentes a nivel educativo y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a tan importante derecho contemplado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), del cual Venezuela forma parte”, dijo el presidente de Consorven.
También mencionó la protección de los derechos de las mujeres y niñas frente a la violencia basada en género, a través de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Igualmente trajo a colación la inclusión de 5% de personas con discapacidad a la nómina de empleados para estimular la oferta laboral y el derecho al trabajo, “sin embargo, en la actualidad ha disminuido el índice de contrataciones a este sector de la población”.
A lo antes expuesto, agregó que en Venezuela no se cumple con las Normas Covenin en la mayoría de las instituciones educativas, públicas y centros de salud, “vulnerando el derecho a la accesibilidad física y comunicacional de las personas con discapacidad”.
Igualmente hizo hincapié en la importancia de proveer servicios para dar continuidad a programas de atención temprana, rehabilitación y asistencia personal a Personas con Discapacidad, así como transmitir información en formatos accesibles para cada tipo de discapacidad, empezando por mensajes destinados a la salud pública, así como de asistencia disponible y campañas de prevención.
“La ONU debe exhortar al Estado venezolano a cumplir y hacer cumplir los mandatos internacionales, la Constitución y las leyes nacionales que sustentan los derechos de las personas con discapacidad en cuanto al acceso a la justicia, el debido proceso y la garantía de accesibilidad e inclusión”, concluyó Juan De Gouveia.
