El fin del rentismo petrolero coloca al país en una encrucijada a partir de la cual se le presentan dos caminos: El de la profundización de la pobreza y la represión como estrategias para que un grupo domine al pueblo y se mantenga en el poder bajo un modelo de democracia colectivista popular o el camino del crecimiento y la diversificación de la economía, lo cual implica el surgimiento de una democracia pluralista liberal.
El rentismo creó un modelo de sociedad: el PetroEstado, propietario de los principales medios de producción, por lo cual su funcionamiento dependía de los ingresos petroleros y no del éxito e impuestos que pagaran las empresas y ciudadanos. Así, la administración pública se organizó para repartir la renta y concentrar el poder. Como el Estado venezolano siempre ha sido cautivo de algún grupo social, militar o de partidos, la distribución de la renta se hizo de manera sesgada por el clientelismo, la ineficiencia y la corrupción sin sanción. Este es el origen de la pobreza en Venezuela.
Las implicaciones económicas de este inmenso aparato de concentración del poder político son enormes: Evitar la diversificación de las exportaciones no petroleras privadas y el turismo extranjero. Para ello se contó con la sobrevaluación del bolívar, lo cual le da ventaja a las importaciones y promueve el desempleo, dando pie para que los pobres fuesen subsidiados y, con ello, manipulados políticamente por el repartidor.
Al colapsar la industria petrolera, dado el auge de las medidas ambientalistas por los desastres ocasionados por el cambio climático, la aparición de un competidor vecino como Guyana y sin que el gobierno venezolano tome las medidas necesarias para atraer grandes inversionistas petroleros, no podemos suponer que la recuperación de la renta alcance para reactivar el PetroEstado que fuimos.
Esta situación no es una maldición sino una enorme oportunidad para que surja el escenario que arriba bautizamos como democracia pluralista liberal.
Para ello, tendrían que tomarse las siguientes medidas: Darle fundamento jurídico a la liberación de precios, del cambio y a la seguridad jurídica de la propiedad privada. Devolver centenas de fincas y empresas expropiadas y confiscadas. A falta de créditos blandos, establecer incentivos fiscales que motiven a nuevos inversionistas y a quienes sean llamados a recuperar sus propiedades a asumir los riesgos de las grandes inversiones que tendrán que hacer para hacerlas productivas. Si ya el gobierno aprendió que la política antiinflacionaria no puede ser el control de precios, sino liberarlos para atraer la inversión y la producción privada, tampoco le conviene sobrevaluar el bolívar para evitar la inflación porque, con ello, quema reservas internacionales, frena la producción nacional y la diversificación de exportaciones que son la cura de fondo contra dicha inflación y los bajos sueldos, junto con los aumentos en la productividad. Esta última requiere incentivar la inversión en nuevas tecnologías mediante incentivos fiscales y el regreso a la primera versión de la Ley de Ciencia y Tecnología. Mantener aranceles bajos para incentivar la competitividad. Recuperar el crédito bancario; para lo cual es expedito autorizar el crédito en divisas porque 2/3 de los depósitos en la banca ya están en moneda extranjera. Esto implica el avance de la dolarización de la economía; lo cual ha resultado en ingentes problemas económicos. Sin embargo, el Ejecutivo está tratando de resucitar al bolívar y ello implica el riesgo del mal uso de la política monetaria para crear dinero sin respaldo y sobrevaluar el bolívar. Diversificar las exportaciones, para lo cual es fundamental 1) privatizar las empresas del Estado, en la mayoría de sus acciones, incluyendo a trabajadores como accionistas; 2) evitar la sobrevaluación del bolívar; 3) alinear a la Guardia Nacional y al SENIAT para que faciliten, en vez de entorpecer las exportaciones; y 4) alinear al cuerpo diplomático para que promueva la inversión extranjera en Venezuela y las exportaciones venezolanas. Descentralizar para mejorar los servicios públicos y, en ello, integrar a las instancias del Poder Comunal con sus respectivas gobernaciones y alcaldías. Readaptar la mentalidad empresarial de competir a una de coopetir. Esto generaría alianzas entre los eslabones de las cadenas de producción que las harían más competitivas y fuertes en sus negociaciones de políticas sectoriales y regionales.
Estas reformas no solamente cambian nuestra economía sino que cambian las relaciones sociales entre gobierno, empresarios, trabajadores y consumidores, de manera que dejaríamos de ser un PetroEstado, Partidocracia o Democracia Hegemónica para convertirnos en una democracia plural liberal.
Esperamos que algún movimiento político, de gobierno u oposición, y militares, adopten esta buena nueva, porque, si no hacemos nada, corremos el riesgo de llegar a donde vamos.
José Antonio Gil Yepes
@joseagilyepes
