El investigador de Provea Inti Rodríguez dijo que con la militarización de la seguridad ciudadana se incorporó la visión del uso de la fuerza hacia un enemigo que debe liquidarse, el llamado concepto del «enemigo interno», con lo cual se desdibujó la diferencia que hay entre la seguridad ciudadana y seguridad oficial
El Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) aseguró este miércoles que a partir de 2015 hubo un punto de no retorno en materia de abusos y crímenes contra la población civil en el país perpetradas por los organismos de seguridad, y alentados por las más altas autoridades.
La afirmación fue hecha durante la presentación del informe “25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela”. Marino Alvarado, coordinador de investigación de la ONG, resaltó que estas graves violaciones a los derechos humanos “no son un fenómeno nuevo”, sino que se extiende por varias décadas.
A partir de 2015, con la instauración de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y la militarización de la seguridad ciudadana, se hizo más evidente el uso deliberado de la fuerza letal por parte de militares y policías.
En estos 25 años Provea ha registrado 10.238 violaciones al derecho a la vida, de esas 7.893 fueron ejecuciones extrajudiciales. Alvarado recordó que hay una ausencia de investigación y sanción de responsables, lo que favorece la repetición de los hechos.
“Todos los cuerpos policiales en Venezuela realizan ejecuciones extrajudiciales, todos los organismos policiales y militares tienen una situación en la cual no hay ningún esfuerzo para mermar esta situación institucional. Se produce una situación, donde a partir de 2015, se ha profundizado la letalidad policial y el número de víctimas”, reiteró el investigador.
En la década de los 90 las violaciones al derecho a la vida también fueron una constante, con abusos y sin condena. A partir de 2000, con la llegada de Hugo Chávez al poder, se prometió detener los abusos policiales, operativos agresivos en zonas populares y los asesinatos de jóvenes pobres, pero se mantuvieron las ejecuciones extrajudiciales.
“La impunidad es un fenómeno, un problema, la falta de justicia que se arrastra desde hace décadas en el país”, destacó Marino Alvarado.
La reforma policial, hecha en 2006 a través de la Conarepol, no detuvo las ejecuciones extrajudiciales, recordó el coordinador de Provea. “Constituyó una promesa de cambio en cuerpos policiales y que una vez analizados y diagnosticados los organismo policiales se iban a adoptar correctivos. De esa reforma surgió la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que se ofertó como policía modelo”.
Pero en la actualidad, recalcó el investigador, “tenemos una Policía Nacional con su componente FAES que se ha convertido en una maquinaria de muerte (…) 15 años luego de la reforma policial tenemos más violaciones a los derechos humanos, más ejecuciones extrajudiciales y mayor impunidad”.
Militarización de la seguridad ciudadana
El investigador de Provea Inti Rodríguez dijo que con la militarización de la seguridad ciudadana se incorporó la visión del uso de la fuerza hacia un enemigo que debe liquidarse, el llamado concepto del «enemigo interno», con lo cual se desdibujó la diferencia que hay entre la seguridad ciudadana y seguridad oficial.
“El discurso está permanentemente orientado a decir que sectores políticos e incluso sectores pobres pasan a ser enemigos del Estado. La conflictividad social se adopta ahora desde una visión belicista para aplastar a ese enemigo interno”, señaló.
Rodríguez destacó que con el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise) instalado en 2010 hay un récord “muy curioso” que se mantiene en el país de personas arbitrariamente detenidas en un solo año.
En 2010 se registraron 111 mil detenciones arbitrarias, principalmente en el estado Anzoátegui donde ejercía como gobernador Tarek William Saab, el ahora fiscal general.
Luego se creó el plan Patria Segura, “donde también se planteó totalmente lo contrario a la reforma policial”, dijo el investigador. El proyecto incluyó la instalación de alcabalas y puntos de control en vías públicas urbanas y la entrada a zonas populares.
La Guardia Nacional, acompañados de policías y milicianos, también instaló campamentos de guerra en todo el país. Provea registró asesinato de personas, entre ellos una mujer en Falcón, que por miedo trataban de evadir estos puntos de control.
Ejecuciones como política de Estado
En 2019 y 2020, según los registros de Provea, se alcanzaron las mayores cifras de ejecuciones extrajudiciales durante 25 años, un delito estimulado por altos funcionarios del Estado bajo la excusa de la lucha contra la “violencia terrorista”.
La Misión Independiente De Verificación de Hechos sobre Venezuela, en su informe 2020, señaló que el Presidente y el ministro del Interior (para ese entonces Néstor Reverol) tienen conocimiento de lo que está ocurriendo y además alentaron esas violaciones al derecho a la vida.
Inti Rodríguez ratificó que en 2015, las OLP llevaron “la violencia policial y militar a otro nivel” a través de ejecuciones extrajudiciales, desahucios y destrucción de viviendas, además de detenciones arbitrarias. “Nunca antes un operativo policial había violado tanto derechos civiles y políticos”.
La administración Maduro aseguró, según datos del Ministerio Público dados en 2017, que 13.589 personas habían sido asesinadas por “resistencia a la autoridad”.
Para Provea, con la presentación de las FAES a partir de julio de 2017 y del decreto de emergencia económica de 2018 “se borran las líneas de seguridad ciudadana y de la nación y se emplean las FAES, la Dgcim y el Sebin para estas políticas de Estado”.
Recomendaciones
El coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado, dijo que frente a esta situación de incremento de ejecuciones y la impunidad extrajudicial creen importante tomar medidas a corto y mediano plazo, entre ellas el diseño de una política integral en materia de seguridad.
Provea también solicita investigar a Nicolás Maduro como responsable de parte de los operativos de seguridad, particularmente las OLP y las FAES, al igual que el exministro de Interior Néstor Reverol; a Gustavo González López, actual director del Sebin; y a la exministra Carmen Mélendez.
También solicitan incluir en las investigaciones al director del Cicpc, Douglas Rico, al director de la PNB, Elio Estrada Paredes; el director de las FAES, José Miguel Domínguez; al exgobernador Omar Prieto (Zulia); y el actual gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.
Para Provea, “todos estos funcionarios presuntamente tienen responsabilidad en las miles de ejecuciones que han ocurrido desde 2015 en adelante”.
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