La estatal venezolana Pdvsa sigue en el foco de la Justicia por el presunto expolio del que ha sido objeto a través de contrataciones ficticias y sin justificar. Pese a que la petrolera denunció estos hechos en la Audiencia Nacional, lleva más de un año que no aporta documentos relativos a las más de 2.600 operaciones de compra sospechas por haber encubierto el saqueo y posterior expolio de fondos. Así lo expone Javier Alvarado Ochoa, el exviceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez que colabora con la Justicia.
Así se pudo conocer por medio del portal de AlbertNews.com, quien explicó que el exfuncionario chavista asegura en un escrito remitido al juzgado y al que ha tenido acceso Vozpópuli, La petrolera suma doce meses sin responder a esta solicitud, pese a que le atribuye directamente a él todas las supuestas irregularidades cometidas en ese tiempo. En concreto, asegura que el 17 de noviembre del año pasado, la Audiencia Nacional ya le requirió que aportase las actas y acuerdos de aprobación del Comité de Operaciones de PDVSA que vendrían a probar sus acusaciones contra él.
La firma estatal, considerada la joya de la corona de Venezuela, se ha visto salpicada en algunos procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional, tales como la causa contra Raúl Morodo o el caso Duro Felguera. En todos ellos se le señala como el ente desde donde se habrían desviado fondos a modo de comisiones sin justificar. Sin embargo, en esta causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 3, fue la petrolera la que presentó querella contra Alvarado Ochoa y le acusó de impulsar operaciones sospechosas mientras ejerció como presidente de Bariven (filial de PDVSA).
Alvarado Ochoa, por su parte, mantiene que ocurrió lo contrario y que fue él quien propuso investigaciones internas al detectar movimientos millonarios injustificados. En concreto, afirma que desde 2011 intentó trasladar estos hechos a las autoridades venezolanas y que, desde su llegada a España, ha colaborado con la Policía. Por eso niega acusaciones como la que le efectúa la defensa de la mercantil, que le atribuye haber aprobado una propuesta de pagos a una serie de empresarios (entre ellos Nervis Villalobos) en mayo de 2013. Él responde que es inviable porque el 30 de abril dimitió de su cargo como presidente de esta filial dedicada al suministro de materiales.
Pero los reproches de este exalto cargo del régimen de Chávez no se quedan ahí. Según precisa en su escrito, la empresa petrolera lleva más de un año para cumplir con el requerimiento de la Audiencia Nacional relativo a las operaciones bajo sospecha. Al respecto dice que ya en abril tenían pendiente de aportar los documentos denominados Purchasing & Contracts Commitee. A su juicio, esta dilación en la entrega constituye una grave ocultación de la documentación esencial para seguir adelante con las diligencias.
Mientras tanto, las investigaciones sobre el blanqueo realizados entre el año 2009-2015 continúan en investigación y a pesar de que los resultados van lentos ya se puede visualizar algunos adelantos como lo son las detenciones y denuncias por pago de sobornos en los EEUU.
