Muy significativo ha resultado que el Estado venezolano haya accedido a firmar el acuerdo con la Corte Penal Internacional para que, después del cierre de la etapa preliminar de Venezuela, se comience oficialmente, en nuestro país, a proceder la investigación de ese organismo.
Al emitir su opinión el sociólogo y defensor de los Derechos Humanos, Nelson Fréitez, señaló que se ha corroborado la comisión de los graves delitos contra el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad.
Existe la comprobación de los casos que se han venido sustanciando, los testimonios de las víctimas y de sus familiares, las pruebas presentadas y documentaciones que ha venido acumulando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que ha dado como resultado que ahora se inicie una investigación para comprobar la existencia de los delitos y sus responsables.
Mediante esa investigación tendrán que responder los perpetradores de esos delitos, los ejecutores y quienes ordenaron esos hechos.
Entre los que serán citados estarán el ministro de la Defensa, el alto mando y sus principales subalternos, el ministro de Relaciones Interiores o ex ministros de esa cartera, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y los magistrados que debían conocer de los delitos, el fiscal general de la República y un número no determinado hasta ahora de fiscales, el defensor del pueblo y, por supuesto, los colectivos motorizados que estuvieron participando en la represión armada contra indefensas personas.
En la primera línea serán investigados los que ordenaron las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y las persecuciones.
«Conviene recordar que la sociedad civil comenzó su labor de denuncia, a través de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en 2014, cuando arreciaron los delitos de lesa humanidad», dijo Fréitez. Se recogieron testimonios y se documentaron los casos.
Lara ha sido uno de los estados donde se han perpetrado numerosos casos de delitos de lesa humanidad, indicó. Tenemos entre otros ajusticiados a Manuel Sosa, Nelson Arévalo, Tony Canelón, cuyos familiares no han descansado pidiendo justicia.
«Lo más grave es que las ejecuciones fueron ordenadas en el Comando Regional de la Guardia Nacional en una reunión, el 22 de abril de 2017, donde decidieron utilizar francotiradores para contener las manifestaciones de protestas callejeras, hechas por indefensas personas en Barquisimeto. Fue así como más de 20 ciudadanos fueron masacrados. Y en el estado son centenares de seres humanos ejecutados por los cuerpos de seguridad, de los cuales existen denuncias en la Corte Penal Internacional», afirmó Fréitez.
