Desde hace varios años, trabajar en empresas básicas, propiedad del Estado venezolano, le ha costado a la clase obrera, además de estabilidad económica, la libertad. Y es que por visibilizar las precarias condiciones que viven, muchos son arrestados o perseguidos para ser silenciados.
Recientemente, el vicepresidente de la alianza sindical “Asamblea Nacional de los Trabajadores de Venezuela”, Rubén González, informó que un total de 146 empleados han sido detenidos arbitrariamente por denunciar “salarios de hambre, la paralización de industrias e irrespeto a la contratación colectiva”
Los afectados con ese tipo de acciones tienen con expedientes judiciales abiertos, aun cuando la mayoría fue puesta en libertad bajo medidas cautelares, como régimen de presentación.
Sostuvo que los últimos en ser objeto de aprehensión, el pasado 24 de septiembre, fueron siete petroleros del Complejo Refinador de Paraguaná, acusados de terrorismo y sabotaje.
En Anzoátegui sigue vigente el caso del sindicalista petrolero Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores (Futpv), a quien arrestaron el 18 de septiembre de 2020 por liderar protestas en la entidad antes y durante la pandemia del Covid-19.
La dirigente sindical Rosario Ríos recalcó que ya son siete las audiencias de juicio que le han suspendido a Girot por falta de testigos o porque no envían la boleta de traslado a la cárcel Rodeo II (Miranda), donde se encuentra recluido desde el 30 de abril.
“El retardo procesal y la mala administración del sistema judicial se han mantenido jugando sucio a Eudis Girot, que es inocente”, sentenció Ríos.
Acusados
A finales de septiembre de este año, siete trabajadores del Complejo de Refinación de Paraguaná (CRP), el cual comprende las refinerías de Amuay y Cardón, principales productoras de gasolina en el país, fueron detenidos luego de la explosión de un transformador al que hacían mantenimiento. Los acusaron de terrorismo y sabotaje.
Los hechos
El 18 del mes nueve del año pasado a las 5:00 pm, Eudis Girot emitió un mensaje de alerta por Twitter denunciando que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) habían llegado a su residencia, en Puerto La Cruz. Horas más tarde, a eso de las 7:00 pm, volvieron con orden de captura en mano y se llevaron al sindicalista a la sede de ese cuerpo de seguridad en Pozuelos.
Los cargos imputados en su contra son revelación de información confidencial, instigación al odio y posesión de arma de fuego.La última audiencia suspendida fue el 5 de septiembre de este año por no haber sido trasladado a los tribunales.
Otro de los casos sonados en la entidad ha sido el de Bartolo Guerra, capitán de PDV Marina, a quien detuvieron en mayo de 2020, luego de exponer ante el presidente de esa filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), César Romero, las deprimentes condiciones laborales a las que estaban sometidos, entre estas, falta de asistencia médica, amenazas de despido y deterioro de remolcadores.
Para aquel entonces, el mismo Eudis Girot se encargó de informar, a través de los medios de comunicación, sobre la aprehensión de Guerra por no retractarse de sus declaraciones.
Posteriormente, hace más de dos semanas, la dirigente petrolera Rosario Ríos hizo saber que el capitán finalmente quedó en libertad. Antes de ser absuelto estuvo bajo arresto domiciliario por problemas de salud.
Más casos
Este 2021 se registraron dos hechos que involucraron a empleados del sector salud. En junio intentaron detener al sindicalista Edisson Hernández, quien reiteradamente ha advertido sobre la crisis de los centros de atención médica y, en julio, apresaron a la enfermera Ada Macuare, del ambulatorio Alí Romero, por reclamar vacunas y salarios. Fue liberada el 5 de agosto bajo presentación cada 30 días.
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