El Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, detalló ciertos puntos sobre el nuevo informe de Derechos Humanos elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM), el cual se presentó este jueves y concluyó que los detenidos por el régimen de Nicolás Maduro habían sido torturados antes de ir a juicio.
En ese sentido destacó que «una de esas detenidas sufrió un aborto espontáneo por haber sido torturada».
Agregó el Comisionado que en 113 de los 183 casos examinados se denunciaron actos de tortura y/u otros tratos crueles e inhumanos.
A través de un hilo en Twitter Pizarro publicó sus apreciaciones sobre este informe, entre las que resaltó las demoras judiciales, indicando que el tiempo promedio entre el arresto y la audiencia preliminar fue de 243 días (alrededor de 8 meses). «La Misión documentó 16 casos de detención en los que la audiencia preliminar fue aplazada por más de 2 años», agregó.
En el informe también se expresa que la Misión identificó y documentó 24 detenciones que involucraron pruebas presuntamente falsificadas, manipuladas o plantadas; pero además de ello, refiere Pizarro, los abogados, ex fiscales y ex jueces entrevistados indicaron que habían observado manipulación en las pruebas.
Resaltó también que en el informe se puede leer que después de dos años, el gobierno venezolano aún no ha permitido que los miembros de la Misión visiten Venezuela ni ha respondido a ninguna de las 17 cartas que la Misión envió entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021.
«En sus conclusiones, la FFM establece que el Estado no está dando pasos tangibles y concretos para remediar las violaciones a los DDHH, condenar la impunidad judicial y así reparar a las víctimas y a sus familiares», destaca Miguel Pizarro.
Finalmente Pizarro agradeció a la Misión por su ardua labor y también a las víctimas y familiares de las violaciones de los derechos humanos por haberse pronunciado.
«Es necesario que en Venezuela exista la reparación y que el sistema judicial actúe conforme a la ley, no a intereses particulares», cerró Pizarro.
