Es obligatorio expresar nuestra solidaridad con los indígenas del municipio Gran Sabana, quienes mantienen una protesta contra el abuso y el atropello militar del que han sido víctimas por resistirse a ser extorsionados por parte de las mafias del gobierno nacional.
Así lo expresó Olivia Lozano, responsable política del partido, Voluntad Popular en el estado Bolívar, quien condenó el maltrato y la violación de los derechos humanos de centenares de indígenas por parte de algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.
“La respuesta oficial a la minería no puede ser con violencia y mafias. Los indígenas han venido denunciando que los efectivos militares los extorsionan al exigirles oro y dinero, que si no acceden a cancelar, entonces les queman sus pertenencias, los detienen, y expulsan de los terrenos”, describió.
Recordó que problemas como la retención de más de 40 funcionarios militares en Urimán por parte de la comunidad indígena, no son nuevos, ya que desde hace varios años vienen ocurriendo conflictos en las zonas mineras debido a la política represiva y violenta con la que el gobierno nacional ha decidido tratar el asunto.
En este sentido, recordó la masacre ocurrida en La Paragua en septiembre de 2006, cuando efectivos del Ejército asesinaron a seis mineros, y los enfrentamientos que se acentuaron durante 2012, particularmente en los municipios Angostura, Sucre, Piar, Roscio y Gran Sabana.
“En esta oportunidad, los indígenas advirtieron sobre las arbitrariedades que los integrantes del Plan Caura estaban ejecutando al prohibir los vuelos a la zona, lo cual impide la llegada de los víveres con los que estas comunidades subsisten. Por lo demás, algunos efectivos castrenses habrían propinado tratos indignos a mujeres y hombres, cobrado vacunas y amparado mafias, lo que finalmente ha colmado la paciencia de estos pueblos”, dijo.
Para la dirigente de la tolda naranja es inaceptable que mientras el Ejecutivo Nacional persigue y reprime a pequeños mineros tradicionales e indígenas, en paralelo entregue concesiones para la minería de oro y diamantes a empresas transnacionales chinas y rusas.
“Los mineros venezolanos tienen derecho a trabajar; ciertamente hay que ordenar las zonas donde se puede ejercer la minería y hacerla en las mayores condiciones de respeto y equilibrio con el ambiente, pero en ningún caso abolirla, porque esa es una actividad económica que existe en muchos países del mundo como fuente de ingresos, al igual que la industria petrolera”, sentenció.
Destacó que la economía de gran parte del estado Bolívar gira en torno a la minería del oro y diamantes, como principal generadora de empleos, así que son miles de familias que en mayor o menor medida subsisten por esta labor.
Finalmente expresó que es necesaria la preparación y aplicación de un plan de ordenamiento, “que legalice el trabajo minero en los espacios que pueda hacerse y regule sus condiciones, para que el país reciba dividendos por esta riqueza, explotando los yacimientos con apoyo técnico y equilibrio ambiental”.
