Son muchas las veces que se ha puesto en práctica el cronograma “pico y placa”, con el fin de organizar a través del terminal del número de matrícula de los vehículos, el suministro de gasolina, pero nunca ha sido respetado por las propias autoridades encargadas de que funcione plenamente, declaró Azalea Colmenárez.
La dirigente regional de los trabajadores de las estaciones de servicio, al ser entrevistada por Elimpulso.com, manifestó que se tiene conocimiento que funcionarios de la ZODI se habían reunido con los representantes de las bombas de gasolina, para una vez más poner a funcionar ese sistema.
“Por lo general, eso dura unos tres o cuatro días, porque el problema no es solamente la escasez de gasolina, sino el negocio ilegal que existe por esa circunstancia. El lunes llegaron algunas gandolas con gasolina. ¿Cuánto traen? Lo mínimo, pues no surten por completo los depósitos de las estaciones de servicio, sino que apenas les proporcionan unos nueve mil o diez mil litros, que a lo máximo alcanza para unos cuatrocientos vehículos. Pero, a pesar de que los conductores pierden horas y hasta días para esperar que les vendan el producto a precio de dólar estadounidense, se aparecen unos funcionarios con unas listas para atender los requerimientos de cuerpos de seguridad, de dependencias oficiales y de algunos personeros del gobierno en todos sus niveles, desde la gobernación a las alcaldías. En este caso se pasa por encima del cronograma y de las listas, ya que se impone lo que se considera autoridad, añadió.
“Por esa razón que de nada valen las intenciones para organizar el suministro, porque privan los intereses de los organismos y personajes oficiales, ya que esa es una práctica por parte de la dictadura”, insistió.
Colmenárez indicó que no se cansará de denunciar estas actuaciones, porque la propia Constitución autoriza a todos los ciudadanos a ejercer el derecho que tenemos de expresar nuestra disconformidad con las cosas mal hechas, ya que el gobierno, como lo manifestó Simón Bolívar, “deben sumar esfuerzos para garantizar el bienestar de sus gobernados”.
Sostuvo que las autoridades “deben ser las primeras en poner orden y no permitir el abuso de los mismos funcionarios, por cuanto ya no sólo hay una necesidad de combustible, sino que éste se ha convertido en un fabuloso negocio para unos cuantos individuos, incluyendo uniformados”.
