La Corte Interamericana declara responsable al Estado venezolano, destacando que las torturas, detenciones arbitrarias y ejecución extrajudicial de Jimmy Guerrero estuvieron motivadas por “preconceptos de los funcionarios policiales, consistentes en la atribución de una supuesta peligrosidad a un hombre joven en situación de pobreza”.
La Corte IDH estableció, que luego del asesinato, los funcionarios policiales se ensañaron contra el cuerpo de Guerrero, donde se evidencia como una manifestación de violencia policial.
Esta situación de violencia por parte de funcionarios policiales, se observa en casos contra hombre jóvenes en situación de pobreza, y quedan en impunidad.
Esta es la séptima vez que COFAVIC, en alianza con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentan un caso ante la Corte Interamericana, y en cada ocasión el Estado venezolano ha sido hallado responsable y obligado a reparar a las víctimas de violaciones los Derechos Humanos.
Fuerzas policiales y operativos de seguridad
Liliana Ortega, cofundadora de COFAVIC, subrayó que la Sentencia «marca un precedente que da luces no solo sobre el pasado reciente de Venezuela, sino sobre lo que viene sucediendo en el país.
La Corte establece que hay una conexión directa entre la pobreza y juventud para ser motivos de preconceptos entre las fuerzas policiales del país en el desarrollo de sus operativos de seguridad ciudadana.
La Corte hace un estudio muy importante del contexto donde ocurrieron los hechos, y evidencia el prejuicio permanente y sistemático presente cuando las fuerzas policiales arremeten contra los jóvenes de sectores populares«.
La relevancia del caso Jimmy Guerrero-Ramón Molina vs. Venezuela reside en que evidenció el patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, enmascarado bajo la versión oficial de que las muertes violentas ocurren durante “enfrentamientos”.
Esta sentencia subraya un nuevo elemento, que COFAVIC ha denunciado con insistencia: que las víctimas son hombres jóvenes (99%), la mayoría residente en sectores muy vulnerables, como las denominadas barriadas pobres de zonas urbanas del país.
Esto demuestra parte del contexto generalizado de violaciones a DD. HH en Venezuela.
El caso
Funcionarios policiales de l estado Falcón hostigaron a Jimmy Guerrero. Lo detuvieron arbitrariamente en varias ocasiones a lo largo de 7 meses. Denunció en seis ocasiones el acoso sufrido. En 2003 se trasladó desde Coro a Punto Fijo, para acudir al velorio de un primo, hijo de Ramón Molina.
Un amigo, Jimmy y su tío decidieron comprar varias cosas para pasar la noche y en la vía fueron interceptados por funcionarios policiales. A Jimmy le dispararon y lo torturaron. Cuando su tío Ramón salió en su defensa, lo asesinaron de dos disparos.
¡Justicia y reparación para familiares de las víctimas!
En la Sentencia del Caso Guerrero-Molina vs. Venezuela se destacan, entre otras, las consideraciones de la Corte IDH sobre tres aspectos relevantes:
- La conducta estatal discriminatoria contra las personas más vulnerables.
- La falta de independencia e imparcialidad en la investigación.
- Obstaculización de investigaciones y de participación de familiares
Las familias Guerrero y Molina no han cesado en la búsqueda de justicia desde 2003. Bajo amenazas, persecución e intimidación por parte de funcionarios del Estado, dichas familias han mantenido su firmeza en la denuncia, logrando justicia.
