Las actividades de la Unidad Educativa Colegio Manuel Cabré siguen su curso, pese al atentado que sufrió su infraestructura la tarde del domingo, el cual fue presuntamente ocasionado por los dueños de la casa y el terreno donde funciona, con el fin de precipitar el desalojo de quienes desde hace 21 años hacen vida educativa en esa sede.
Se conoció que los alumnos acudieron el lunes a presentar los exámenes finales del semestre y que abrieron las inscripciones para un nuevo lapso académico, dado que se trata de la modalidad de educación para adultos conocida como parasistema.
En el recinto, se encontraba presente el asesor legal de quienes administran el plantel, José Tadeo Meléndez, quien explicó que el caso será remitido a los tribunales del estado Lara, ente que estará encargado de decidir sobre la continuidad o no de funcionamiento en ese espacio, ubicado en la carrera 30 entre calles 20 y 21.
“Tenemos 21 años trabajando en esta sede y contamos con todos los permisos de funcionamiento al día”, acota el abogado. La directora, Marta Barrios, tiene en sus manos la credencial que la acredita en el cargo, la solvencia administrativa y el permiso firmado por Gisela Cañizález, jefa de la Zona Educativa.
La institución fue creada por el profesor Inocente Vázquez, uno de los pioneros en Venezuela de la educación para adultos. Cuando se fundó, establecieron un contrato de arrendamiento con la dueña legítima del terreno durante 20 años. De allí pasó a ser un ‘contrato indeterminado’. “Pero hace un año aparecieron unas familiares que dicen ser propietarias y emprendieron acciones temerarias contra el plantel para forzar el desalojo, sin conversaciones ni avisos”, explica Meléndez.
Hace 12 días recibieron una notificación que indicaba el supuesto vencimiento del contrato y de la prórroga. “Estamos solventes con los pagos hasta el 28 de enero de 2013 y pese a ello, el domingo en la tarde los familiares atentaron con mandarrias y otras herramientas contra la infraestructura”.
Lo ocurrido dejó desamparado el plantel, “con los expedientes de educación básica y diversificada de más 900 estudiantes, a expensas de un posible saqueo”.
El asesor jurídico introdujo el 1º de febrero un amparo constitucional ante los tribunales, un documento de diez páginas en el que manifestan estar siendo víctimas de “un atentado a su derecho de posesión”. Lo mismo hicieron ante el Consejo de Protección del Niño y el Adolescente, por considerar que se está violentando el derecho a la educación de los 600 alumnos inscritos.
El derecho al trabajo de los docentes también está siendo cercenado. Según el abogado, la mañana del lunes recibieron un documento del Concejo Municipal de Iribarren para una inspección “dado que se nos acusa de estar demoliendo; con lo cual se evidencia que los dueños quieren apelar a una ‘simulación de hecho punible’ que rechazamos de forma contundente por su falsedad”.
Fotos: Simón Alberto Orellana
