Cuando faltan pocos días para que la doctora Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), termine su periodo de nueve años en ese organismo, se espera, como ella mismo lo ha prometido, que haga un pronunciamiento en torno al caso de delitos de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Venezuela.
Al respecto al ser consultado por Elimpulso.com, el doctor Jorge Rosell, exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia y uno de los más respetados especialistas en Derecho Penal en el país, dijo que la mencionada funcionaria, según sus palabras textuales, “se va a ver forzada a cumplir con su deber, cosa que no ha hecho durante los años que han tenido las denuncias contra Nicolás Maduro y sus secuaces en la CPI.”
“¡ Ojalá sea así !”, exclamó y seguidamente añadió: El final de su gestión la tiene presionada y es positiva su salida, en el sentido de que ahora se agilizaría el procedimiento que debe realizarse contra los responsables de esta dictadura.
En cuanto a lo planteado por el fiscal general Tarek William Saab, de que la CIP debe llamar a las partes involucradas en el caso de Venezuela, el doctor Rosell considera que el funcionario se está refiriendo al derecho que existe por parte de la defensa del régimen, que por supuesto debe existir en un juicio.
Pero, observó, el problema que van a tener los acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad (tales como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones de personas) es que no se trata de denuncias, sino de casos evidentemente comprobados, además con la autoridad que le da la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, doctora Michelle Bachelet, cuyo informe es contundente.
Conviene resaltar que en el caso de Venezuela, además de la doctora Bachelet, que ordenó una investigación muy profunda de los casos, también figura una documentación muy amplia efectuada por la Misión de Determinación de Hechos.
Todas las denuncias contenidas en las informes están suficientemente documentadas porque fueron llevadas a cabo en el propio territorio venezolano, manifestó el doctor Rosell. No sólo aparecen los testimonios de las víctimas de torturas, sino también de los familiares de quienes fueron asesinados.
Las evidencias son muy fuertes para que sean procesados los responsables de los crímenes por la Corte Penal Internacional, añadió el ex magistrado del TSJ.
En el curso de sus declaraciones, el doctor Rosell se refirió a las denuncias hechas contra los funcionarios del mayor nivel del Ejecutivo Nacional y los cuerpos de seguridad.
Más detalles
En el informe de la Misión de Determinación de Hechos aparecen como principales responsables Nicolás Maduro y los ministros de Relaciones Interiores y de la de Defensa.
Se les señala no solamente de tener conocimiento de los crímenes, sino de dar órdenes, coordinar actividades y suministrarles los recursos y el apoyo para que llevaran a cabo las operaciones.
Las investigaciones fueron hechas a partir de los hechos ocurridos en 2014 en adelante, en las cuales participaron funcionarios policiales, militares y en algunas ocasiones ambos, así como también los colectivos.
Hay señalamientos concretos contra el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), la Guardia Nacional, el Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin), la Dirección General de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como de algunos cuerpos policiales regionales. Y los casos sobrepasan las cinco mil muertes.
Es de recordar que la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, declaró en noviembre de 2020, que existían “fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte” y en días recientes anunció que tomaría una decisión antes de dejar el cargo, cuyo vencimiento es precisamente mañana, 15 de junio.
