La ONG Foro Penal denunció este viernes que en las últimas semanas se ha incrementado la presión sobre los presos políticos para que «admitan los hechos» de los cuales están acusados, o seguirán presos.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, informó a través de Twitter que esta situación se da sin la presencia y asesoría de los abogados defensores de los detenidos.
«Ciertamente, según el Código Orgánico Procesal Penal, admitir los hechos es una alternativa disponible para cualquier procesado, pero la decisión no puede subordinarse a amenazas ni a chantajes. Mucho menos puede imponerse la admisión a un ciudadano sin estar debidamente asesorado por sus defensores», explicó el abogado.
Himiob aseguró que, de esta forma, «buscan evitar un proceso en el que se imponga la verdad y se corrobore su inocencia. Ante la falta de pruebas, se recurre al miedo como arma para lograr objetivos (injustas condenas) que en buena lid no serían posibles».
Señaló que, como «beneficio colateral para el poder», se pretende mostrar al mundo que la supuesta existencia de «planes conspirativos y traiciones» no es un invento.
«Lo peor es que se abusa del poder y, por encima de todo, se coloca a los presos políticos en una disyuntiva casi imposible: la de aceptar que cometieron delitos que no cometieron o seguir presos sin condena de manera indefinida», afirmó.
El jueves, el Foro Penal informó que en el país hay 302 personas a las que consideran «presos políticos», tres más que en su último reporte, publicado el pasado 2 de junio.
La ONG agregó en Twitter que del total de reos reportados, 281 son hombres y 21 mujeres. Entre ellos, hay 172 civiles y 130 militares.
