Colombia atraviesa días convulsionados, complejos, con mucha similitud con el patrón observado en Chile en 2019, así como en aquel momento en Ecuador, Perú y en la propia Colombia. La reforma tributaria presentada por el gobierno fue el detonante de una legítima protesta, pero quedó arropada por grupos vandálicos que han arrasado con medios de transporte urbano, que son del pueblo, puestos de policía, bancos, tiendas, peajes, bloqueos de vías que generan desabastecimiento, y lo más triste, varios muertos y muchos heridos de lado y lado, entre ellos civiles, y decenas de agentes del orden que han sido quemados, apuñaleados o apedreados sin misericordia.
No bastó el retiro de la reforma tributaria por parte del gobierno, que con sus defectos buscaba la permanencia de costosos proyectos sociales, ni la renuncia del Ministro de Hacienda, sino que las marchas y las vías de hecho continúan, ahora con un nuevas reividicaciones, que el gobierno ha decidido escuchar a través de mesas de diálogo. La desinformación no se ha hecho esperar en redes sociales, medios de comunicación y en organismos internacionales, ante una hábil manipulación mediática para resaltar el accionar policivo en resguardo de la propiedad y el orden, pero no para reseñar equilibradamente los ataques a 25 centros de atención policial, varios de ellos incinerados con agentes en su interior, los cuantiosos daños a 460 autobuses de Transmilenio y a 317 zonales, ataques a bancos, edificios públicos, hoteles, estaciones de servicio, tiendas, y en general a bienes privados, y en simultáneo la acción de hackers en contra de las páginas de varios organismos oficiales. Cualquier exceso de la policía debe ser investigado conforme a la ley, pero el agravamiento de pérdidas en la actividad productiva y el comercio agrava las ya muy graves consecuencias de la pandemia, además de haberse afectado el ritmo del plan nacional de vacunación, así como el normal funcionamiento de hospitales y clínicas, especialmente en Cali, originando varias muertes por falta de atención médica oportuna.
Fuentes policiales y de inteligencia dan cuenta de que en los actos de violencia se ha identificado la participación de las disidencias de las FARC, del ELN y de varias organizaciones criminales, anarquistas, o colectivos que emulan el estilo venezolano, y buscan la desestabilización de las instituciones nacionales a cualquier costo. Con ese patrón, las violentas manifestaciones en Chile lograron el trofeo de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Nadie duda que los problemas de la pobreza y del desempleo se han agudizado en Colombia con motivo de la pandemia, en circunstancias en que hasta 2019 las cifras mostraban una economía en crecimiento, reducción de la pobreza y relativo equilibrio fiscal, aunque el problema de la desigualdad es aún estructural. Ni tampoco se duda de la necesidad de generar empleo con crecimiento, y no solo a través del asistencialismo del Estado. Pero la realidad muestra serias señales, pues bajo la protesta legítima, se trata de sembrar angustia e inseguridad en la población, para capitalizar réditos políticos de cara a las elecciones de 2022, acosando al gobierno constitucional en ejercicio. Es el patrón de la llamada “revolución molecular disipada”.
La articulación de los grupos violentos con movimientos internacionales, entre ellos con el régimen venezolano, no es una presunción o un asunto de teorías conspirativas. Al analizar las conclusiones del Foro de Sao Paulo en sus dos últimas reuniones (julio de 2019 y agosto de 2020), de manera explícita se acordaron estrategias como las siguientes: “Aprovechar la debilidad económica de los Estados, la crisis económica, el desempleo y el hambre, para organizarse y lograr la desestabilización política en varios países; generar movilizaciones masivas; proponer reformas constitucionales para facilitar la conquista del poder, siguiendo el ejemplo chileno; penetrar las luchas sociales, de género y raciales; propiciar el control de los medios y redes sociales; reformar la educación, enfocada en la lucha de clases; crear células de control ciudadano, impulsar movilizaciones y tomas planificadas; convertir crímenes policiales en bandera popular; promover el aborto y la liberalización de la droga, invasiones, reparto de propiedades, y aprovechar la pobreza para mantener el control social”.
Pero si ello fuera poco creíble, no hace mucho Maduro expresó: “El plan de los líderes del Foro de Sao Paulo está en pleno desarrollo y se está cumpliendo a la perfección. Es el producto de la unión de los movimientos revolucionarios de América Latina, el Caribe y el mundo. Estamos revitalizados. Los partidos de izquierda de la región y de todos los continentes deben seguir articulándose para conseguir los fines propuestos en dichos encuentros”. Y adicionalmente, Diosdado Cabello, al atacar al gobierno colombiano declaró recientemente: “Vamos a defender nuestro territorio. Pero si tenemos una guerra con Colombia, se la vamos a hacer en su territorio “. Podríamos por tanto apelar a la conocida expresión de los abogados: “A confesión de parte, relevo de pruebas”. La vicepresidente de Colombia Martha Lucía Ramírez y el Secretario General de la OEA Luis Almagro han denunciado la injerencia del régimen chavista en las manifestaciones en Colombia, mientras que el presidente de Ecuador Lenín Moreno alertó sobre la “grosera intromisión del dictador Maduro, de sus manos sangrientas y corruptas en lo que está sucediendo en Colombia”, todo ello en el marco del Foro sobre Defensa de la Democracia en las Américas, celebrado hace pocos días en Miami. Afloran así los tentáculos del Socialismo del Siglo XXI y sus aliados en los acontecimientos en Colombia, en los cuales por desgracia han sido detenidos algunos compatriotas venezolanos, unos pocos armados, sea como infiltrados, o contratados para avivar los desórdenes. Todo ello ocurre bajo el inexplicable silencio de algunos dirigentes políticos colombianos o comunicadores, que con tal de ver acorralado al presidente Duque, pierden el foco en defender lo medular: la no violencia, la propiedad privada y el Estado de Derecho.
Esta semana fue también importante para España en el ámbito político. El Partido Popular barrió en las elecciones de la Comunidad de Madrid al lograr 65 escaños, contra 58 de toda la izquierda junta. Fue una estruendosa derrota para el PSOE, que obtuvo un tercer lugar con 24 escaños, superado en el voto popular por el movimiento Más Madrid, también de izquierda. Vox, organización de derecha, alcanzó 13 escaños, mientras que el partido Ciudadanos, fundado por Albert Rivera, desapareció del escenario político. El PP puede así gobernar en Madrid, tan solo con la abstención de Vox. El partido Podemos obtuvo 10 escaños, en contra de las expectativas de Pablo Iglesias, y pese al apoyo que desde fuera le brindaron Rafael Correa, Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Iglesias había renunciado previamente a la segunda vicepresidencia del gobierno para lanzarse al ruedo en la contienda de la capital española, saliendo tan mal, que se vio forzado a abandonar los cargos políticos y en su organización. Resurge así el PP, partido que vio más que duplicada su votación en Madrid respecto a 2019, provocando un revolcón en el panorama político español, que tendrá una indudable repercusión nacional. Los resultados afectan al gobierno de Sánchez, quien deberá evaluar el repudio a su principal aliado en la coalición de gobierno, ahora representado por Yolanda Díaz en calidad de vicepresidente tercero, y reanalizar las banderas enarboladas durante su gobierno. Se siente así un respiro en el ambiente español, mientras la figura de Isabel Díaz Ayuso como presidente triunfante en la Comunidad de Madrid, se acrecienta en el escenario político con fuerza y futuro, sin desdeñar el importante papel cumplido por Pablo Casado, presidente del PP, quien ha comparado la victoria en Madrid con la caída del Muro de Berlín y la califica como un castigo a la arrogancia de Pedro Sánchez.
Pedro F. Carmona Estanga
