Agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido abusos aberrantes contra la población local durante un operativo de varias semanas contra grupos armados en la frontera con Colombia, señaló este lunes 26 de abril Human Rights Watch (HRW).
De acuerdo con la publicación de Human Rights Watch la fuerzas de seguridad venezolanas iniciaron la ofensiva en el estado Apure el 21 de marzo de 2021 con el supuesto propósito de combatir a grupos armados que operan en Venezuela.
La citada organización destaca que el operativo derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados. «Estos casos siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad del régimen que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela», sostiene el informe de HRW.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro.
«Las investigaciones internacionales de estos crímenes son fundamentales ante el volumen creciente de evidencias que implican a los agentes que han cometido abusos, así como a los comandantes y altos funcionarios que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría durante estos operativos», añadió Vivanco.
El portal de HRW refiere que el 5 de abril, el ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, anunció la detención de 33 personas que serían procesadas ante la jurisdicción militar. El ministro manifestó que se habían desmantelado seis campamentos de “organizaciones terroristas” y que se había “dado de baja” a nueve “terroristas”. También reportó ocho casos de soldados muertos y 34 heridos.
«El 21 de marzo, se produjeron enfrentamientos en varias zonas rurales de Apure entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un grupo disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conocido como el Frente Décimo Martín Villa. Desde entonces, al menos 5.800 personas han huido del estado Apure hacia Colombia, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)», se lee en el informe.
Entre marzo y abril, Human Rights Watch entrevistó a 68 personas en forma presencial en el departamento de Arauca y por teléfono. Entre ellas se incluyen 38 personas que habían huido de Apure, así como abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas locales y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos. La mayoría de los testigos de abusos temían sufrir represalias en Venezuela y hablaron bajo la condición de que no se divulgaran sus nombres ni otros datos que permitieran identificarlos.
Human Rights Watch también examinó información proveniente de autoridades colombianas y venezolanas y otras pruebas, así como fotos, videos y grabaciones de audio de ataques, de saqueos y de personas cruzando el río hacia Colombia. La Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo de Venezuela no respondieron a los pedidos de información realizados por Human Rights Watch.
