TSJ exige a la ONU y OEA investigar hechos ocurridos en La Victoria y EL Ripial, estado Apure #6Abr

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El Tribunal Supremo de Justicia en oposición a Nicolás Maduro emitió un comunicado este martes 6 de abril en el que exige a la Organización de Nacionaes Unidas (ONU) y la Organización de Esados Americanos (OEA) designen una Comisión Especial para investigar in situ los hechos, detenciones de periodistas y activistas de DD.HH, y los crímenes que han sufrido los pobladores de las zonas de La Victoria y Ripial del Alto Apure.

A través del documento publicado vía Twitter, el TSJ venezolano también exige se investigue la situación de los desplazados y refugiados que se encuentran en la zona fronteriza con la República de Colombia. También responzabilizó al régimen de Maduro por las violaciones de DDHH cometidas en la zona, incluidas las realizadas a periodistas y comunicadores sociales, en menoscabo del derecho a la libertad de expresión y comunicación.

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«Condenamos y responsabilizamos al régimen de facto de Nicolas Maduro Moros, por las acciones y omisiones violatorias de los Derechos humanos a la vida, seguridad e integridad personal, de propiedad y de libre tránsito por el territorio nacional y por los pasos comunicacionales fronterizos: asi como también aquellas acciones que obstaculizan el normal desenvolvimiento de las actividades comerciales, sociales y comunicacionales de los habitantes de las poblaciones de la frontera, amenazados arbitrariamente por las acciones de fuerzas policiales y militares del régimen», reza parte del documento.

El TSJ también reiteró que se acate la orden de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas de los Derechos Humanos Michelle Bachelet, referido al cese del funcionamiento del grupo FAES, quienes se han visto incursos en diferentes acciones delictivas.

Finalmente exhortaron al gobierno interino de Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional electa en 2015 a ejercer todas las diligencias y acciones pertinentes, con la celeridad que el caso amerita, ante la comunidad y demás Organismos Internacionales competentes, «a objeto de detener las irregulares y arbitrarias actividades fronterizas y encaminar su procesamiento y sanción», suscriben.

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