Para condenar los sucesos de violencia acaecidos en la parroquia Urdaneta del municipio José Antonio Páez estado Apure, donde se han dado enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la guerrilla denominada como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) algo que ha traído como consecuencia el desplazamiento de 4.000 venezolanos al país vecino, la sociedad civil fijó posición.
En efecto, la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (FUNDEHULLAN) en conjunto con otras organizaciones no gubernamentales (ONG) de la región elevaron su voz este lunes en relación con el caso que ha conmocionado a la opinión pública nacional y más allá de nuestras fronteras..
Asimismo exigieron investigar de forma imparcial y exhaustiva la masacre en la cual fueron asesinados cinco miembros de una familia por presuntos efectivos de las FAES en el Ripial, estas personas fueron sacadas de sus hogares en el barrio 5 de julio, los funcionarios alegaron que eran “guerrilleros”. Hecho que conmociona la sociedad venezolana y a la comunidad internacional.
El texto del comunicado expone:
La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos, FUNDEHULLAN desea fijar posición ante los hechos acaecidos en la población de La Victoria, en el estado Apure, en la que desde el pasado Domingo 21 de Marzo del 2021, hasta el día de hoy, se registraron varios bombardeos por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), hacia campamentos guerrilleros concentrados en Parroquia Urdaneta del Municipio José Antonio Páez del referido estado, como es del conocimiento público dicho sector es zona fronteriza con la República de Colombia. Tales acciones han afectado a productores y habitantes del lugar contándose entre ellos población vulnerable: niños, ancianos, mujeres, y familias en general. Son numerosas las familias desplazadas forzadamente por estos violentos hechos, las cuales han tenido que huir de sus propiedades a través del río Arauca un aproximado de 4.000 ciudadanos han pasado hacia el vecino país, los cuales han sido atendidos en albergues de campaña y han recibido atención médica, alimentación y resguardo, según informes extraoficiales, se continúan presentado enfrentamientos por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes atacaron las siguientes instalaciones: sede de la Aduana, y las oficinas del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), donde se evidencia un uso desproporcionado de la fuerza, convirtiéndose en tragedia, violando todos los preceptos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en el año 1948 a través de la organización de las Naciones Unidas, (ONU).
En esta zona se registró un lamentable hecho, el jueves veinticinco (25) de marzo del presente año, fueron asesinados cinco miembros de una familia por presuntos funcionarios de las FAES en el Ripial, Municipio Páez. Estas personas fueron sacadas junto a otras personas de sus hogares en el barrio 5 de julio, los funcionarios alegaron que eran “guerrilleros”. Hecho que conmociona a la sociedad venezolana y a la comunidad internacional.
Venezuela como Estado firmante se compromete velar por la garantía y protección de estos Derechos que se refieren tanto a la protección individual, vida, integridad, libertad, seguridad; como también aquellos aspectos que garantizan el disfrute del bienestar colectivo tales como: seguridad social, salud, educación, trabajo, vivienda, recreación. Aquí se está violentando el derecho de todos los lugareños, campesinos que abandonan su siembra, sus cosechas, al tener una huida forzada, así mismo su vivienda, basándose en los principios de libertad e igualdad, la declaración Universal de los derechos humanos hace especial énfasis, en la necesidad de desarrollar una orden de justicia a nivel internacional que garantiza la plena vigencia de los derechos contemplados en ella.
Venezuela suscribió los postulados y principios contenidos en la declaración Universal, así se comprometió ante la comunidad internacional de hacer efectiva su vigencia es por tanto; que solicitamos el cumplimiento de los Derechos establecidos en ella, sumado a este marco jurídico también están expresados y reconocidos por nuestra constitución nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Desde la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos, FUNDEHULLAN, la Red de Justicia Libertad, condenamos enérgicamente estos hechos crueles y denunciamos las violaciones ocurridas ante la comunidad internacional el sistema Interamericano, Cruz Roja Internacional, la alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y en el orden interno a la Defensoría del Pueblo, La Fiscalía de Protección a la Mujer a una vida libre de violencia, la Fiscalía de protección del niño niña y Adolescente a tomar las medidas de restitución de estos derechos civiles vulnerados en esa Parroquia y sus comunidades afectadas en la región Llanera.
Por último exigimos una investigación exhaustiva al Fiscal General de la República ante los hechos que se registraron el jueves 25 de marzo, asimismo solicitamos que las autoridades competentes se pronuncien ante los últimos acontecimientos que se suscitaron en el estado Apure.
Es justicia en la ciudad de San Fernando Estado Apure, a los 26 días del mes de Marzo de 2021, señala el escrito.
