Que un Jefe de Estado se encuentre enfermo de gravedad crea ansiedad y desequilibrios en el cuerpo social, aquí y en cualquier parte del mundo.
Más aún si se trata de un liderazgo como el del presidente venezolano, que ha removido las aguas de nuestro conflicto social y en el que se sienten representados vastos sectores populares. La carga emocional que estas circunstancias generan, no puede ser ignorada.
Una situación política tan delicada debe ser manejada con suma responsabilidad y sensatez por los círculos dirigentes del país. Por ello resulta tan perturbador que haya sido, precisamente, la Conferencia Episcopal Venezolana la que haya iniciado el año 2013 abriendo fuego al atacar desde el 8 de enero “una interpretación acomodaticia de la Constitución” y anunciado, como consecuencia, un escenario de violencia, anarquía e ingobernabilidad. ¿Un manto de legitimidad a la violencia callejera?
Del mismo modo, desde el campo gubernamental se actuó sin el aplomo necesario cuando se sugirió que simple y llanamente se aplicaría la tesis de la continuidad sin que mediara previamente un acto de interpretación de la Constitución de parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como si la soberanía popular se ejerciera en nuestro país al margen de las instituciones, las leyes y reglamentos. Tampoco ha sido responsable, de parte de algunos voceros del Psuv, sembrar dudas sobre la obligatoriedad de convocar a elecciones, en caso de falta absoluta, como se ha hecho al descalificar de manera genérica los formalismos de “la democracia burguesa”. ¿Es acaso el voto un formalismo?
La decisión del TSJ puede ser criticada, ya que todo vacío legal se presta a diversas interpretaciones. Siempre hay un componente subjetivo, ideológico y político cuando se trata de materia constitucional. Esto es válido tanto para los magistrados que aprobaron la sentencia como para los juristas que la cuestionan. Pero en ningún caso la conclusión a la que ha llegado el TSJ puede ser catalogada como convalidación de una “usurpación”, como si la oposición hubiese sido despojada abusivamente de un poder o de una colina que le perteneciera por derecho.
La situación no es sencilla y la tentación es que se impongan los extremos. Por eso es lamentable que la Iglesia haya perdido de nuevo la oportunidad de jugar un papel mediación política, a partir del sostén a las instituciones y haciendo uso de la ponderación y equilibrio que la debería caracterizar. Ha adoptado una actitud beligerante que poco contribuye a canalizar de manera positiva la situación en que nos encontramos y que contrasta incluso con la actitud asumida por de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. “La insensatez tuerce el camino”.
