Un estudio publicado este martes por la ONG PROVEA indica que en 2020 un total de 2.853 venezolanos fueron víctimas de los cuerpos policiales y mlitares del Estado venezolano.
Graves violaciones a los derechos humanos que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad, se destacan en este documento que fue elaborado por Provea y el Centro Gumilla, ambas organizaciones jesuitas, y que inició con un proceso de contraloría social a la violencia institucional policial y militar en 2019.
El documento concluye que los cuerpos armados del régimen de Nicolás Maduro fueron más letales que la COVID-19 en Venezuela durante 2020 y además señala que «la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años de edad, lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes”.
El informe también expresa que el Zulia es el estado que registró más muertes por ejecuciones extrajudiciales el año pasado con 667 víctimas. Le siguen Aragua, Bolívar, Lara, Carabobo y Miranda. Asimismo, indica que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) son el cuerpo policial “más letal” en el país, con al menos 672 víctimas.
Este hecho, junto a la exclusión de este sector etario en el acceso a otros derechos como el de educación y trabajo, entre otros, da cuenta de la creciente migración forzada de jóvenes buscando protección en otros Estados. En un país que ha perdido el bono demográfico este patrón de ejecuciones profundiza la emergencia humanitaria compleja que vive el país”, precisa el informe.
Otra de las conclusiones de este estudio dice que “ni el supuesto confinamiento ‘obligado’ debido a la cuarentena decretada por el Ejecutivo nacional por la pandemia del coronavirus frenó el accionar de los cuerpos policiales y militares”.
