La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, capítulo Bolívar (Fedecámaras Bolívar) hizo un llamado a las autoridades de Corpoelec a reconsiderar las tarifas eléctricas del sector comercial, tomando en cuenta la capacidad económica de las empresas y el estado de emergencia impuesto por la pandemia de COVID-19.
Desde diciembre de 2020, el sector comercial debe pagar tarifas eléctricas con más de 3.000% de aumento en las cuotas, se consuman o no. Los sectores comerciales más impactados por la medida son los que deben abrir solo en semanas de flexibilización y con un horario limitado, como el sector licorero, zapaterías, línea blanca, colegios -cuyo consumo es incipiente porque la dinámica de trabajo es a distancia desde marzo de 2020-, entre otros.
A través de un comunicado, el órgano representativo de las empresas en el estado Bolívar expresa que reconoce la necesidad de hacer un ajuste a las tarifas eléctricas, pero exige que esté sujeto al contexto impuesto por la pandemia y a la capacidad productiva de los comercios e industrias. Además, sostiene, debe ir de la mano con una mejora en la calidad del servicio que hasta ahora no es palpable.
Fedecámaras propone que las tarifas se fijen con base en un proyecto de zonificación que tome en cuenta la capacidad económica de las empresas por su actividad industrial o de comercio y servicios porque con el ritmo actual y la santamaría medio abierta, las empresas que luchan por permanecer activas deben pagar desde 30 hasta más de 100 dólares mensuales por un consumo eléctrico que, a la par de la actividad comercial, también ha disminuido.
Actualmente muchas empresas no generan los recursos suficientes para cubrir no solo los servicios públicos, sino también sus obligaciones laborales y fiscales”, versó el documento.
El gremio expresó claramente que el alza de las tarifas de Corpoelec de hasta 3.000% en un momento de vulnerabilidad económica para las empresas por la hiperinflación, el bajo consumo de los venezolanos (por varios factores, no todos atribuibles a la pandemia), la devaluación de la moneda nacional, colapso de servicios públicos (siendo el de combustible el más paralizante) y la voracidad fiscal, “es promover el cierre de las empresas que todavía apuestan por mantenerse operativas”.
Este aumento en la facturación eléctrica, además, se hizo sin previo aviso que permitiese a los empresarios agregarlo a sus estructuras de costos; y se aplicó en un momento en el que el sector productivo del estado está trabajando a menos de 20% de su capacidad.
“El sector productivo reconoce la necesidad de hacer un ajuste de la tarifa eléctrica, pero la misma debe adaptarse a la realidad económica del país y al estado de emergencia decretado por el gobierno nacional, producto de la COVID-19”, manifestó el gremio en representación de:
La Cámara de Comercio e Industrias del estado Bolívar, Cámara de Comercio e Industrias de Caroní (Camcaroní), Cámara de Comercio e Industrias del Municipio Piar, Cámara de la Construcción del estado Bolívar, Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar, Asociación de Institutos de Educación Privada Caroní, Cámara de Turismo del estado Bolívar, Camindustrias Bolívar, Cámara de Comercio e Industrias del Municipio Sifontes, Cámara de Comercio e Industrias del Municipio Gran Sabana, Asociación de Comerciantes e Industriales de San Félix, Asociación de Empresas Gasolineras de Guayana, Federación de Productores Agropecuarios del estado Bolívar, Cámara de Licoreros del estado Bolívar y la Cámara de Comercio e Industrias del Municipio General Manuel Cedeño.
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