La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) advirtió este jueves que en Nicaragua operan estructuras armadas “estatales y paraestatales” encargadas de “aterrorizar” a la población civil y “cerrar espacios” a los adversarios del gobierno de Daniel Ortega con vistas a las elecciones presidenciales de noviembre.
Directivos de la FIDH alertaron sobre la situación en el país centroamericano durante la presentación en rueda de prensa virtual del informe ”¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua, ¿hasta cuándo?”, un resumen de la crisis que se inició tras la revuelta social de abril de 2018 contra el gobierno de Ortega.
El documento de más de 90 páginas documenta 113 ejecuciones extrajudiciales de una lista de 328 personas fallecidas durante las protestas a manos de policías y paramilitares ligados al gobierno sandinista. Entre éstas figuran las de varios miembros de una familia que fueron ejecutados en una zona fronteriza con Honduras en 2018 y 2019.
“Son las mismas estructuras que asesinaron en 2018 que hoy en 2021 aterrorizan a la sociedad civil, a periodistas, a representantes de la iglesia, a la oposición política, vigilándolos, deteniéndolos de forma arbitraria y hostigándolos”, afirmó Jimena Reyes, directora para las Américas del organismo internacional.
Según la FIDH, para impedir las protestas contra su gobierno Ortega cuenta con un gran engranaje político que incluye a funcionarios del Poder Judicial, de las fuerzas armadas y grupos paraestatales organizados con elementos del gobernante Frente Sandinista.
“Las máximas autoridades estatales dirigieron, coordinaron y consintieron la actuación de las estructuras paraestatales empleadas en los ataques en contra de personas consideradas enemigas del régimen; o bien han apoyado para reclutar, conformar y mantener activos a los jóvenes que integran los denominados grupos de choque”, indicó el documento.
Hoy, advirtió, “la represión estatal continúa con sutiles modificaciones, pero con el mismo propósito de control, neutralización y erradicación de las personas consideradas enemigas, y de mantener un ambiente de terror generalizado como elemento central para lograr el control de la población e inhibir cualquier expresión que se considere una amenaza contra el régimen”.
El vicepresidente de la FIDH, Juan Francisco Soto, aseguró que Nicaragua vive “una grave crisis democrática y de derechos humanos” y que la administración de Ortega “se ha convertido en un régimen autoritario, cerrando cada vez más los espacios sociales de participación y arremetiendo contra la sociedad civil”.
“Este informe es una respuesta a la represión estatal. Un trabajo invaluable que muestra que la sociedad civil, las ONG, las personas de derechos humanos y la población en general no se callará”, agregó Soto.
Está previsto que Nicaragua celebre elecciones generales el 7 de noviembre próximo y que Ortega vuelva a postularse para un quinto período de gobierno y una tercera reelección consecutiva desde 2007.
El estudio de la FIDH fue realizado en coordinación con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), entidad clausurada por el gobierno en diciembre de 2018, junto a otras ocho ONG y tres medios de comunicación independientes acusados de participar en la rebelión social que Ortega consideró un “fallido golpe de Estado”.
