De 2018 a octubre de 2020 ha habido 15 ataques a defensores y organizaciones de derechos humanos en el estado Bolívar, siendo la tercera entidad con más casos registrados por detrás de Distrito Capital (109) y Miranda (49), de acuerdo con el informe Enemigos Internos de la organización Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic).
Entre los tipos de ataques que se registraron a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Bolívar, la organización expone que se trata de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, estigmatización y tratos crueles.
Los datos fueron recabados en una alianza entre Cofavic, la Vicaría de los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura y que contó con financiamiento de la Unión Europea.
Liliana Ortega, directora de Cofavic, dijo: “Hay una política de Estado que está dirigida a cerrar aún más el espacio cívico democrático apuntalando a las organizaciones de derechos humanos y a las personas defensoras de derechos como enemigos”.
A nivel nacional, los números han sido alarmantes, sobre todo en el último año. De 2018 a noviembre de 2020 documentaron 338 ataques, de los cuales 216 se registraron en el 2020, 84 fueron en 2019 y 38 en el 2018, lo que evidencia un crecimiento de 448% en este periodo.
De estos 338, 219 han sido contra instituciones de DD HH, 91 contra personas defensoras y 28 ataques conjuntos. Ortega subrayó que se ha usado el poder ejecutivo, legislativo y la administración de justicia para socavar las capacidades institucionales y de capacidad de las organizaciones y personas defensoras.
La pandemia para vulnerar DD HH
En el informe detallan que funcionarios estatales son responsables del 82% de los ataques, de estos 22% fueron perpretados por funcionarios de seguridad, 27% por funcionarios públicos y 33% por medios de comunicación gubernamentales.
Cofavic contabilizó desde la declaratoria de estado de alarma el 13 de marzo hasta principios de noviembre de 2020, 2.100 casos de presuntas detenciones arbitrarias en todo el territorio nacional. “Se ha utilizado el estado de excepción para restringir derechos humanos”, dijo Ortega.
De los ataques registrados en 2020, la defensora señaló que en su mayoría ocurrieron a partir del decreto de alarma por la pandemia. “En todo este contexto de los estados de excepción, el mayor protagonista de estas restricciones ha sido el funcionario público, desde los más altos niveles, además utilizando medios públicos y bajo el amparo del poder público… por eso es que estamos hablando de que estamos frente a una política de Estado”, ratificó.
“Resulta preocupante que los graves efectos de la pandemia COVID-19 y la vigencia de estados de excepción se utilicen como excusa para mayores restricciones de los derechos humanos y un aumento de la represión tal y como evidencian las cifras del monitoreo de ataques”, señala Cofavic en el documento.
Abusos contra organizaciones
Por otra parte, Miguel Martín Zumalacárregui, jefe de la oficina de Bruselas de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), señaló que el gobierno ha reforzado el patrón de persecución contra los defensores.
Martín hizo referencia a la detención de los cinco trabajadores humanitarios de la organización Azul Positivo, quienes se mantienen presos acusados de manejo fraudulento de tarjeta inteligente, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
“Es un ejemplo perfecto de las políticas que aplica el Estado venezolano… personas movilizadas por la labor humanitaria defendiendo los derechos de población vulnerable se están enfrentando a cargos muy graves por un uso de leyes abusivas antiterroristas”, expresó.
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