Venezuela recibió el año nuevo con un desabastecimiento de productos de consumo masivo y las cosas pueden empeorar si el gobierno no sube los precios congelados desde hace un año y desactiva los candados en el mercado cambiario, advirtió el jefe de la mayor confederación industrial del país.
Las industrias locales son pocas y no logran satisfacer la demanda de los venezolanos, los precios regulados limitan la rentabilidad de las firmas y el estricto control cambiario impuesto hace una década complica la importación de insumos.
Ismael Pérez, jefe de la principal agrupación de industriales, subrayó en entrevista con Reuters que en el 2012 el gobierno dejó congelado el precio de una veintena de bienes mientras avanzaba la campaña electoral que culminó con la victoria del presidente Hugo Chávez.
Ahora la convalecencia del presidente, que se encuentra en Cuba desde diciembre tras una compleja cirugía y no ha sido visto ni escuchado en público, está distrayendo la atención de los temas económicos, aseguran.
«Es obvio que para el Gobierno la cuestión política parece en este momento mucho más importante que la cuestión económica», dijo a Reuters Pérez, presidente ejecutivo de Conindustria.
«Hay una cantidad de medidas de carácter económico que tienen que tomarse y no se están tomando, como el ajuste de precios y la regularización del mercado cambiario».
La mayor incógnita es qué pasará con la moneda local. Los analistas creen necesaria una devaluación para estimular la producción y aumentar el flujo de dólares en la economía destinados a comprar insumos.
Venezuela tiene un rígido control de cambios que se mantiene atado desde el 2011 a una cotización de 4,3 bolívares por dólar, y un sistema secundario a 5,3 bolívares por billete verde.
Pero el gobierno ha venido vendiendo menos dólares desde el año pasado para no lastimar su cuenta corriente.
Para complicar la situación, los escasos dólares en el mercado negro cuadriplican el precio oficial. Esos niveles según Pérez son «demasiado onerosos» para los empresarios.
Semanas después de ganar un tercer mandato, Chávez sorprendió al país al anunciar que debía atravesar una cuarta cirugía por un cáncer en la zona pélvica y su ausencia desde entonces ha puesto en duda la toma de decisiones financieras. La oposición asegura que el Gobierno está «paralizado».
Aunque el país tiene las mayores reservas de crudo mundiales y embolsa ingresos cercanos a los 100.000 millones de dólares anuales por sus exportaciones petroleras, los industriales dicen que a veces deben esperar hasta seis meses para que el gobierno liquide sus dólares al precio oficial.
Para Conindustria, el sector requiere un tipo de cambio de al menos 7 bolívares por dólar para competir con las cuantiosas importaciones.
Mientras tanto, el vicepresidente Nicolás Maduro, nombrado por Chávez como su heredero político, insiste en que el sector privado incurre en los delitos de «especulación y acaparamiento» para generar más incertidumbre ante la ausencia del mandatario.
Con la idea de garantizar el abastecimiento de alimentos básicos como el pollo, la carne y la harina de maíz, el Gobierno creó tiendas de abasto estatales a precios subsidiados y arreció con su política de incautar productos almacenados en algunos depósitos privados.
Pero incluso en los establecimientos instalados por las autoridades los anaqueles algunas veces están vacíos.
¿Donde esta el gobierno?
El sector privado ha estado en la mira del Gobierno de Chávez sobre todo desde el 2002, cuando las empresas promovieron una prolongada huelga que derrumbó la economía local y mandó a los venezolanos a larguísimas colas en busca de comida.
La única derrota electoral de Chávez fue desatada por una escasez de leche y carne en el 2007, cuando los venezolanos descontentos rechazaron una reforma constitucional promovida por el mandatario.
Desde entonces, Chávez expropió miles de empresas pequeñas y grandes, estableció una ley contra la escasez que castiga a los especuladores, controla las importaciones de insumos y también de productos de consumo masivo.
Hoy los industriales se defienden alegando que deben cumplir mayores cargas laborales que afectan su producción y que el sector público no contribuye con sus propias fábricas para engrosar la oferta.
«Las industrias están produciendo al tope de su capacidad, pero de acuerdo a los insumos de los que dispone», dijo Pérez.
«Si no se entregan las divisas a tiempo, si no cesan las fiscalizaciones y las regulaciones que hay en el mercado, si el sector público no empieza a producir para abastecer, estos episodios los vamos a seguir arrastrando y hará crisis en algún otro momento», agregó.
Pero la solución no es simple. Un aumento progresivo de los precios como el que reclaman los privados pondría tensión sobre el objetivo gubernamental de mantener un crecimiento mayor al 6 por ciento con una inflación de entre 13-15 por ciento.
El indicador de escasez que divulga el Banco Central subió a fin del 2012 a su máximo nivel anual, un 16,3 por ciento. La inflación se aceleró un 3,5 por ciento en diciembre, disparando la tasa anual a un 20,1 por ciento.
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