Huyendo del hambre y las enfermedades que por años los ha diezmado, 600 indígenas waraos procedentes de Delta Amacuro, Monagas y Bolívar, han cruzado la frontera con Brasil durante los primeros 15 días del 2021, según reportan voceros del municipio Pacaraima de Brasil, junto a la organización no gubernamental promotora y protectora de derechos de los pueblos indígenas, Kapé Kapé.
Los indígenas que llegaron al municipio Pacaraima del estado Roraima, en Brasil, fueron ubicados en los cuatro centros de abrigo que el Gobierno brasileño junto con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) prepararon en la entidad.
Los waraos se trasladaron en su mayoría desde las comunidades del municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro. Pero también llegaron provenientes del sur del municipio Sotillo de Monagas (Barrancas del Orinoco y Barrancos de Fajardo) y en menor cantidad, algunos que se habían asentado en la población de Cambalache, en el municipio Caroní ubicado en el estado Bolívar.
“Aquí los recibimos con las manos abiertas, como waraos nos apoyamos. Los hermanos que ya estamos viviendo aquí ayudamos con alimentos, ropa y calzados junto a Acnur”, expresó Teolinda Moraleda, una vocera del abrigo Janokoida del municipio Pacaraima. También informó que ha habido una intensa jornada de vacunación contra al menos siete enfermedades, entre esas, fiebre amarilla, sarampión y rubeola.
Moraleda es indígena warao del municipio Antonio Díaz, en el estado Delta Amacuro, y migró hace tres años a Brasil. Hoy es voluntaria en uno de los centros de acogida de migrantes y refugiados en ese país.
“Más personas han llegado día a día, padres de familia, desde Venezuela… mujeres, niños, ancianos vienen caminando de Santa Elena de Uairén hasta llegar aquí, con hambre, con sed, desnutridos, enfermos, pero Dios los trae”, dijo.
Al llegar, los waraos deben pasar entre 15 y 20 días en cuarentena antes de ingresar al refugio. Luego las autoridades del país receptor proceden con el protocolo de censo y documentación de los indígenas.
Huir como sea
La ola migratoria también se aceleró en sectores indígenas con poblaciones más pequeñas. Durante el último año, el indígena warao José Naveda ha visto cómo se van dos o tres familias de su comunidad en San Juan de Tucupita, en Delta Amacuro, cada vez que cae semana de flexibilización por la pandemia de COVID-19, cuando antes, dos o tres familias se iban anualmente.
Esto tomando en cuenta que en las comunidades indígenas del municipio Tucupita no hay migración masiva como la que se reporta en las parroquias Manuel Renaud y Padre Barral del municipio Antonio Díaz.
Naveda, que es vocero de su comunidad e investigador de Kapé Kapé, informó que el próximo lunes saldrán al menos tres autobuses de Tucupita con 30 y 50 pasajeros indígenas, provenientes de distintas comunidades del sector como San Juan, Janokosebel, Los Guires y Yakerawitu.
Los migrantes waraos deben caminar largas distancias o pedir cola. En el trayecto son vulnerables a la explotación sexual o laboral, al maltrato, inseguridad social, desempleo y a condiciones que afectan su salud, como la deshidratación y el contagio de enfermedades infectocontagiosas como la COVID-19.
Algunos deben pernoctar por varios días en la calle vendiendo artesanías o haciendo algún oficio, hasta lograr reunir dinero suficiente para continuar con el viaje. Como la familia de 18 waraos que estuvo varada por más de tres meses en Ciudad Guayana.
Naveda cuenta que algunos pueden tener el beneficio de que un familiar en Brasil logre costearles el pasaje hasta cierto trayecto del viaje, que, dependiendo de la zona, suma más de 500 kilómetros de recorrido.
El hombre informó que, para noviembre de 2020, la guardia costera devolvió hacia Tucupita al menos 20 embarcaciones con waraos a bordo que migraban por el bajo Delta. Por eso, ahora prefieren viajar por tierra, pues es más fácil evadir los controles fronterizos.
En el municipio Caroní hay al menos cuatro comunidades indígenas, entre ellas La Riviera, en el centro de Puerto Ordaz y la comunidad de Cambalache, también en Puerto Ordaz.
A finales de 2020, Regni Bastardo, hijo del cacique de La Riviera, informó que solo ese año migraron hacia Brasil 10 de las 20 familias de su comunidad, cuando en 2019 migraron solo dos.
Hasta junio de 2020, Acnur contabilizó 5.020 indígenas venezolanos registrados en Brasil, 66% de ellos son de la etnia warao y al menos 3.305 solicitaron la condición de refugiados. En los últimos años, Brasil ha ampliado su capacidad de recepción de migrantes y refugiados venezolanos indígenas y criollos.
Sin comida ni ingresos
Para Naveda hay dos elementos principales que han acelerado la migración de sus hermanos indígenas: la cada vez menor probabilidad de comer a diario y el prácticamente nulo acceso a la salud.
Los indígenas se enfrentan -desarmados- a la dolarización de los productos alimenticios básicos y el alza descontrolada del dólar paralelo que impacta en el cada vez más inalcanzable precio de cada alimento. “Si conseguimos comprar una harina es un logro. Hay quienes pasan hasta dos y tres días sin comer”, dice Naveda.
La caja de alimentos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), que aunque es insuficiente logra oxigenar su alacena, no llega desde hace tres meses a San Juan de Tucupita.
Naveda tampoco recuerda la última vez que hubo un operativo gubernamental de salud en su comunidad, aunque calcula que fue hace más de un año. Debido a la falta de medicinas y demás insumos, relata que ya no acuden a ningún centro ambulatorio cercano, sino que se dirigen de una vez al hospital principal de Tucupita, Dr. Luis Razetti.
“Hay una desatención completa, los hermanos indígenas mueren incluso por enfermedades prevenibles o curables, como una diarrea”, afirmó.
Los efectos de la emergencia humanitaria compleja han golpeado de forma desproporcionada a los grupos más vulnerables, entre ellos los pueblos originarios que históricamente han tenido acceso restringido a salud, agua, saneamiento y alimentación y, que además, han tenido que modificar sus formas de subsistencia para integrarse de alguna manera en la sociedad, luego de ser desplazados poco a poco de sus territorios por grupos armados irregulares o la contaminación ambiental derivada de la industrialización o modelos económicos extractivistas.
“Vienen para acá porque el hambre no la aguantan, no hay cómo comprar alimento, profesores u obreros… el dinero no les alcanza, ellos abandonan su trabajo para salvar su vida, buscan cómo vivir bien”, resaltó Moraleda.
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