La migración masiva por parte de los venezolanos hacia Colombia en los últimos diez años ha sido uno de los principales temas en la agenda del gobierno nacional. Se estima que más de 1,5 millones de ciudadanos venezolanos se instalaron en Colombia y, en su mayoría, no han legalizado sus papeles, los cuales les darían acceso a un trabajo y beneficios en programas sociales.
Frente a este nuevo problema que se encontraba enfrentando el país, en 2017 la Registraduría de Colombia facilitó a los migrantes el proceso de nacionalización, pero este nuevo proyecto causó que una red de corrupción ha puesto en entredicho más de medio millón de casos de nacionalización.
Los venezolanos tomaron como excusa y también como prueba que luego de la migración colombiana a su país por la violencia que atravesaba Colombia en la década de los noventa, tenían familiares colombianos, ya que la Registraduría permitió que los venezolanos con padres colombianos podrían obtener la residencia siempre y cuando se demostrara.
Luego de un tiempo, las autoridades al pedirle papeles a los venezolanos comenzaron a darse cuenta que estos tenían irregularidades y “actos de corrupción” en los que estarían implicados funcionarios de registradurías municipales y notarías de todo el país.
Desde 2016 y hasta el momento se han emitido 2.688 comunicaciones y resoluciones de nulidad de registros civiles por presuntos fraudes en 18 departamentos y 70 municipios, entre los que se encuentra la capital del país, Bogotá.
Según el periódico El Espectador, por la magnitud del problema, que aún no se conocen sus límites, la Registraduría está realizando una auditoría interna para verificar más de 600.000 registros civiles de nacimiento otorgados a personas nacidas en Venezuela con supuestos padres colombianos, los cuales también se deben verificar.
A lo anterior se le suman 67.000 registros civiles de nacimiento que se le dieron en Colombia a personas con nacionalidad cubana, haitiana, ecuatoriana, siria, iraquí, iraní, libanesa, dominicana y hasta china. Una investigación que se está llevando a cabo entre la Fiscalía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Policía, el Ejército y la Embajada de Estados Unidos.»
La cooperación entre la Registraduría y estas diferentes autoridades ya mencionadas se da porque no solo se sabe de venezolanos que estén buscando nacionalizarse en Colombia para poder trabajar u obtener beneficios sociales, sino que también se sospecha de que ciudadanos de otras partes de América buscan ingresar con documentos colombianos falsos a Estados Unidos. Otra de las sospechas es que detrás de estas redes que tramitan ilegalmente las nacionalidades, hay grupos armados ilegales vinculados con trata y tráfico de personas, terrorismo y narcotráfico.
Uno de los casos en los que se comprobaron irregularidades según este medio, fue el caso de Jesús Ramón Rodríguez Guerrero, “un ciudadano venezolano que consiguió la ciudadanía presentando un registro civil falso. Al cruzarlo con las bases de datos de identificación de la Registraduría se encontró con que los supuestos padres colombianos de Rodríguez no estaban inscritos y que el documento expedido supuestamente por la Parroquia de Santa Bárbara de Arauca pertenecía a otra persona. Al ser consultado sobre el caso, el párroco de esa iglesia confirmó que se trataba de un registro falso y aportó el original”.
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