Este lunes 14 de diciembre, la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) señaló a través de un comunicado que el naufragio en las costas de Güira, donde al menos 20 personas murieron ahogadas por intentar llegar a Trinidad y Tobago, representa una grave violación a los derechos humanos de los migrantes venezolanos.
Manifiestan en principio que, tanto el gobierno trinitario como el régimen de Nicolás Maduro están en la obligación de “respetar íntegramente y sin discriminación de ningún tipo todos los derechos humanos de las personas migrantes”, además deben prevenir, investigar y sancionar a los responsables de lo ocurrido.
“Se debe garantizar que la investigación de los hechos se conduzca conforme a protocolos internacionales y con pleno respeto a los derechos que asisten a los familiares en su condición de víctimas; esta investigación no debe ser de carácter meramente formal, sino que debe conducir al establecimiento completo de los hechos, y a los actos conclusivos que conduzcan al establecimiento de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a las que haya lugar”, se lee en el documento.
Asimismo, consideran como “inaceptable” el accionar presentado hasta la fecha por el gobierno de Trinidad y Tobago en cuanto al recibimiento de migrantes venezolanos.
“La conducta de las autoridades de la República de Trinidad y Tobago es inaceptable por incurrir en una transgresión del deber de no devolución, en virtud del cual, en palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “una persona no puede ser rechazada en la frontera o expulsada de otro país sin un análisis adecuado e individualizado de su petición”.
A continuación, el comunicado íntegro de la CEV:
